Combate al lavado de activos

Recientemente, en el transcurso de esta semana, el Senado de la República dio sanción a dos proyectos de ley de enorme importancia que ahora deberán ser estudiados por la Cámara Baja del Poder Legislativo.

Uno de ellos, votado por unanimidad, refiere al combate contra el crimen organizado; el otro –que inexplicablemente resultó rechazado por los partidos de oposición– regula la concesión de la nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.

Precisamente en un contexto en que proliferan las dudas sobre el compromiso del país en el combate al lavado de activos, al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo, el gobierno sigue avanzando en el camino trazado de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales vinculados al asunto.

Claro está que, como suele ocurrir, algunos medios de prensa empeñados en enchastrar al gobierno (estamos pensando concretamente en El País) siembran sospechas sobre la transparencia y sobre la vocación del gobierno de combatir esas formas delictivas, con lo cual generan una innecesaria alarma entre la población. Afirman –a sabiendas de que están mintiendo– que Uruguay está «bajo la lupa» de Gafisud (la organización intergubernamental encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo), dando a entender que el país está omiso en el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Soslayan adrede que fue el gobierno del doctor Jorge Batlle el que recibió el tirón de orejas que lo llevó a legislar sobre el punto, y que el gobierno actual ha seguido profundizando las medidas al respecto, mereciendo elogios de los organismos internacionales por los avances en la lucha contra el lavado de activos, contra el crimen organizado y contra el financiamiento del terrorismo.

El gobierno progresista no sólo oyó las recomendaciones de Gafisud y atendió prestamente sus críticas y sugerencias, sino que fue más allá y se adelantó legislando para subsanar errores u omisiones de leyes anteriores que dejaban flancos al descubierto por donde podían burlarse ciertas medidas; se tomó en cuenta la experiencia de aplicación práctica de las leyes antilavado y se corrigieron sus aspectos más débiles.

En nuestra edición del pasado miércoles 13, se informó de la sanción que dio el Senado a la nueva ley de combate al lavado de activos provenientes de actividades delictivas, por lo que no vale la pena abundar en detalles de su contenido. Digamos solamente, a título de ejemplo, que se han creado figuras novedosas en nuestra legislación penal, figuras que estamos acostumbrados a ver en las películas pero que no existían en el país. Nos referimos a la protección de testigos, el infiltrado y el soplón, herramientas todas destinadas a mejorar la eficiencia policial en el combate al crimen organizado ya que permitirán descubrir, detectar, identificar los delitos y a sus autores, al tiempo de reunir las pruebas necesarias para que la Justicia especializada proceda en consecuencia.

Hay también otras medidas en la ley que apuntan a ampliar el universo de los «obligados», esto es, las personas o instituciones obligadas a denunciar ante la autoridad del Banco Central toda acción, transacción o inversión que pueda resultar sospechosa de encubrir una operación de lavado de activos de origen ilícito. Es así que los casinos, las inmobiliarias y los escribanos deben comunicar al BCU –con garantía de absoluta reserva y sin que ello implique compromiso alguno– todo hecho que a su juicio pueda despertar sospechas.

Como se advierte, el país está adecuando y mejorando su legislación para combatir los flagelos actuales que más alarma causan. No está omiso ni en deuda y ya no figura en ninguna lista negra. Que la oposición lo tenga en cuenta y que la prensa no se haga eco de versiones falsas y alarmistas.