"Que los más infelices sean los más privilegiados"

A partir de ayer el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó a entregar la denominada Tarjeta Alimentaria. Este instrumento, parte de la ingeniería de la red de protección social diseñada e impulsada por el gobierno del Frente Amplio, asegura cobertura alimentaria básica para 88. 500 personas, que representan 88.500 hogares; es decir que el universo de impacto es mucho más amplio.

Esta Tarjeta Alimentaria corresponde a la implementación del Plan de Equidad y busca asegurarle el acceso a alimentos básicos a la población más vulnerable.

Tiene retiros predeterminados: el 75% es para alimentos, el 25% para limpieza y 10 litros de leche por mes.

El monto asignado por tarjeta es variable según la cantidad de hijos del beneficiario; el mínimo para familias con un hijo es de $ 435 y va hasta un máximo de $ 1.170 para los núcleos familiares con cuatro hijos.

El sistema operará a través de una red de 600 comercios que adhirieron al Plan de Equidad y de depósitos en el Banco República.

Los 88.500 beneficiarios se componen de las 26 mil familias que recibían canastas básicas del INDA y 62.500 ex beneficiarios del Plan de Emergencia.

Como todo lo vinculado al Plan de Equidad, recibir y usar la Tarjeta Alimentaria tiene implícitas contrapartidas por parte de los beneficiarios, esencialmente vinculadas a cumplir con la educación y la salud de los niños.

Esta acción del gobierno de izquierda instrumentada a través del Mides sigue colocando a Uruguay en la senda de los países que priorizan el desarrollo de la redes de protección social para evitar que los menos privilegiados sufran las consecuencias de los avatares de los mercados especulativos y volátiles que dominan la economía mundial.

A la Tarjeta Alimentaria hay que sumar la ayuda central del Plan de Emergencia, desde el comienzo, la multiplicación exponencial de la cobertura y los montos de las asignaciones familiares, la extensión de la cobertura de seguridad social a sectores que nunca tuvieron acceso a ella, la reforma de la salud y el programa de salud bucal en la escuelas públicas, por citar sólo algunas iniciativas adoptadas por el gobierno de Tabaré Vázquez.

Para decirlo en concreto, los niños de los hogares más pobres de Uruguay tendrán asegurado un mínimo de alimentación, pero además, sus madres o padres los deberán llevar a la escuela. En la escuela pública y gratuita recibirán su computadora del Plan Ceibal y el programa gratuito de salud bucal. Casi nada.

Tabaré Vázquez dijo cuando se discutió el Presupuesto quinquenal: «El Plan de Emergencia no es negociable». Cuando estalló la crisis financiera internacional reafirmó: «La crisis no la pagarán los más pobres. El gasto social no se tocará».

Es una actitud bien diferente a los que reclaman desde la derecha política que se recorte el gasto del Estado y que sólo piden la exoneración de impuestos para mantener su renta.

Es una actitud muy diferente al «sálvese quién pueda» que fue la filosofía de respuesta del gobierno, colorado y blanco, cuando la crisis de 2001 y 2002.

Es una respuesta de izquierda, apoyando a los más débiles e integrándolos. Eso que desde los centros neurálgicos del neoliberalismo criollo es imposible de concebir y que se nota en frases facilistas como «se les saca a los que trabajan para darles a los que no trabajan».

Error y grande. La definición técnica de gasto social a veces no ayuda a explicar toda la dimensión de estas acciones.

Hay una palabra más expresiva y explicativa. Solidaridad. Nada menos que eso.