Integración de la Corte Electoral

Dicha norma obligaba a la Corte Electoral a recurrir al Registro Patronímico Electrónico cuando surgieran dudas, errores u omisiones.

Obviamente, la iniciativa era la respuesta de la fuerza política gobernante ante el exceso de celo ­sesgado­ con que ha actuado la mayoría blanqui-colorada de los ministros del organismo, siempre dispuestos a hallar objeciones y a poner trabas a las consultas populares. Es por ello que el Frente Amplio recogió la inquietud de la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad, cuyos principales responsables advirtieron una cierta predisposición de esa mayoría opositora en contra del recurso presentado. Con el proyecto de ley en cuestión se procuraba evitar que se anularan firmas en forma caprichosa, ya que un error en el número o la serie, o una rúbrica un poco diferente de la que consta en los registros del organismo son motivo de descarte de esa papeleta, con lo que se está violentando gravemente la voluntad del ciudadano cuyo propósito es que se habilite la instancia de democracia directa y se someta la norma al veredicto del juez supremo ­el pueblo­ titular de la soberanía. Al no contar con los dos tercios de votos necesarios para aprobar una ley electoral, la bancada de gobierno desistió de someterlo a la consideración del plenario pero emitió una declaración en la que exhorta a la Corte Electoral a utilizar el Registro Patronímico Electrónico; en definitiva, se cambió la obligación (deberá) por la exhortación, lo que también mereció el rechazo de la oposición.

Los ministros blancos y colorados han instalado un criterio por demás cuestionable en el proceso de verificación de firmas. En efecto, parecen más proclives a preservar el derecho de quienes están en contra del recurso que a garantizar el de quienes desean que se realice la consulta. El argumento, expuesto también por el senador Isaac Alfie en la sesión del miércoles 6, radica en que es posible que un ciudadano se haya visto obligado a firmar y lo haya hecho bajo presión. Entonces, ese ciudadano presionado por las «hordas frentistas» estampa su firma con un dibujo diferente, o escribe su serie y número con alguna alteración, con la intención de que esa papeleta sea anulada en la verificación. Tan retorcida argumentación no es de recibo en un país como el Uruguay del siglo XXI y resulta poco creíble, pero tal es el sustento del celo manifestado por la Corte en la verificación de las adhesiones. Nosotros entendemos que la cosa debería ser a la inversa. Es preferible aceptar como válida una papeleta dudosa porque en definitiva con ello sólo se está habilitando la consulta popular, es decir se está dando la posibilidad de que el cuerpo electoral se manifieste, y no significa un pronunciamiento absoluto sobre el fondo del asunto.

Es preciso tener en cuenta, además, que la derecha vernácula ha expresado más de una vez sus reparos ante los mecanismos de democracia directa, sosteniendo la preeminencia de la democracia representativa; todo debe quedar en manos de los representantes de los ciudadanos, y estos deben contentarse con emitir su voto cada cinco años. Una curiosa forma de entender la democracia llevando la participación ciudadana a su mínima expresión.

Es absolutamente imprescindible renovar la integración de la Corte Electoral que data de 17 años atrás. El sistema político debe hallar la vía para que ese organismo se integre de acuerdo con el mapa electoral actual.