Derechos humanos

El gobierno del Frente Amplio ha concretado numerosos logros en materia de derechos humanos. Es más, se podría decir, sin temor a equívocos, que luego del período dictatorial es el único que se ha preocupado por solucionar un tema tan delicado, candente y fundamental en el país para no figurar como un país bananero .

El tema derechos humanos, su problemática, es un tema estructural, no es un problema puntual ni coyuntural, ni mucho menos electoral.

Prueba de ello es que los partidos conservadores, al igual que Uribe en Colombia o Bush en EEUU, han «santificado» las políticas de avasallamiento de los derechos ciudadanos. No se necesita un golpe de Estado para hacerlo, en Uruguay, donde contamos con una clase política «muy pícara» se contó con una ley de impunidad que sirvió a los violadores de los derechos humanos y proporcionó a los gobiernos conservadores un escudo, un respaldo legal para no hacer nada y mantener el statu quo.

Claro está que no contaron ni con el movimiento ciudadano de rechazo a las prácticas de un grupo de asesinos que concretaron las violaciones y a todo un aparato cívico que colaboró enmarcando y haciendo difuso todo ese accionar.

Es más, hemos llegado a situaciones difíciles de calificar, donde un senador de la República acepta sin más que su líder descarte toda investigación sobre el asesinato de su madre con vino envenenado.

Penoso panorama que los uruguayos hemos ido superando lentamente. Hoy el panorama es diferente y las perspectivas promisorias.

Los avances son notorios y en particular quisiéramos apuntar, en lo que se refiere a los aspectos de reparación, a todos aquellos/as que han sido víctimas del terrorismo de Estado.

Partamos de una base realista, fuera de los militares y civiles (y sus familiares) que estuvieron de acuerdo con la dictadura, el resto de los uruguayos fuimos víctimas de ese terrorismo.

En ese amplio espectro existen naturalmente matices, difíciles de valorar pero, sin duda, todos los que perdieron su trabajo por ser sindicalistas o de izquierda, todos los que emigraron, los que estuvieron presos, los muertos en tortura o prisión y los desaparecidos, ocupan un lugar preponderante.

Con esta afirmación no queremos calificar sino simplemente señalar las diferencias que hubieron de soportar, ellos o sus familiares, durante el período dictatorial.

Por este motivo nos pareció indiscutible la promulgación de la Ley 18.033 por la que el Poder Ejecutivo decretó una pensión reparatoria, fundamentalmente para aquellos que sufrieron prisión y generó una serie de años extra a los efectos del cálculo jubilatorio a quienes hubieron de emigrar .

Naturalmente que, como toda Ley, le resultó imposible abarcar todas las situaciones que se vivieron en aquel período. Se anuncia la votación de una «Ley de Reparación» que intentará reparar los daños cometidos. Es muy difícil lograrlo. Pero es bueno que el Estado lo intente, tratando de considerar ­en la medida de lo posible­ todas las situaciones.