Las firmas están; ahora hay que conseguir los votos

Coincidiendo con la culminación de la campaña de recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad, el pronunciamiento público del doctor Vázquez desde Costa Rica vino a poner el broche de oro al enorme esfuerzo desplegado por miles y miles de anónimos militantes de la causa de la dignidad.

Veintidós años después de su sanción parlamentaria y de su pronta promulgación, y veinte años después de su ratificación plebiscitaria, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida por Ley de Impunidad, parece haber entrado en agonía en espera del mazazo final que sin duda habrá de propinarle el soberano el último domingo de octubre.

Habrá concluido así un tiempo de vergüenza nacional durante el cual innumerables terroristas de Estado responsables de crímenes abyectos gozaron de total impunidad y continuaron muy orondos su vida en sociedad sin haber pedido perdón ni mostrado arrepentimiento alguno.

Pero lo peor de todo, lo más indignante, es que bajo el oprobioso manto de la impunidad se cobijaron personas y casos que la ley no amparaba. Gracias a la interpretación caprichosa que de la norma hicieron los gobiernos de Sanguinetti y el de Lacalle, la ley se convirtió en un comodín que protegió a civiles (excluidos del beneficio de la impunidad ya que la ley se refiere exclusivamente a policías y militares) e incluyó delitos ­desapariciones, ejecuciones­ ocurridos fuera del período a que alude la ley; fue así que hechos ocurridos antes del golpe de Estado y que podrían por tanto haber sido investigados, no lo fueron por decisión presidencial.

Un mamarracho jurídico fue prohijado entre gallos y medianoche por gobernantes pusilánimes que lograron transferir su miedo a un Parlamento timorato, y luego, a la mayoría de los ciudadanos que terminaron respaldando con el voto amarillo una salida antijurídica e inmoral.

El triunfo del voto amarillo en abril de 1989 no se debió a una decisión tomada luego de una profunda y serena reflexión como consecuencia de la cual el ciudadano se habría convencido de que los torturadores y asesinos no debían ir presos. No, fue una decisión tomada bajo la presión de los dirigentes de los partidos tradicionales, que se ocuparon concienzudamente de que la sociedad sintiera la amenaza real de un desacato militar y de un retorno a un régimen de facto.

Se trató, pues, de un pronunciamiento viciado de nulidad por haber sido obtenido bajo amenaza. Una decisión producto del miedo y no del libre albedrío de los ciudadanos. Un resultado mentiroso sobre el sentir de la sociedad uruguaya. Nos consta que la gran mayoría de aquel 53 por ciento de ciudadanos que ratificaron la Ley de Caducidad lo hizo con las tripas revueltas, consciente de que de ese modo no solamente estaba violentando la Constitución y elementales principios jurídicos sino que, además, estaba convalidando una inmoralidad; estaba actuando contra la justicia en sus dos acepciones: sistema judicial y valor moral.

De entonces a hoy ha transcurrido el tiempo suficiente como para que aquellos fantasmas de desacato militar y de quiebre institucional que la derecha agitó para justificar la vergüenza ya no surtan el efecto buscado. A fines de los 80 se dudaba incluso de que hubiera habido desapariciones forzadas; no se conocían los extremos de sevicia a que habían llegado los centuriones en su represión despiadada a toda forma o atisbo de rebeldía; se ignoraban los vuelos de la muerte y muchas otras cosas que fuimos conociendo en la medida que la memoria colectiva empezó a nutrirse de relatos, aportes y confesiones que enriquecieron la historia reciente.

En fin. Acaba de concluir la ardua etapa de recolección de firmas. Empieza ahora la no menos ardua etapa de lucha por lograr que el electorado se pronuncie mayoritariamente a favor de anular la impunidad. a