Un programa pos-socialdemócrata

Hay dos afirmaciones que merecen destacarse: la de Luis González, director de Cifra, para quien «si gana Mujica los adversarios de la socialdemocracia se van a sentir los verdaderos ganadores»; y la de Mujica, para quien el Congreso Zelmar Michelini aprobó un «programa pos-socialdemócrata». Sucede que el Congreso expresa una nueva correlación interna, un viraje programático a la izquierda y un nuevo liderazgo en consonancia con ellos.

Hubo un documento programático aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional, instancia previa al Congreso. Pero además hubo otros documentos confrontados. Uno es el de la tendencia liderada por Astori, orientado a «la consolidación de los cambios efectuados». Otros, con matices, fueron presentados por las fuerzas que apoyan a Mujica, propendiendo a una política económica diferente, que si bien no implicaría una «ruptura», sí sería una «inflexión» en el segundo gobierno.

En el debate han surgido visiones contrapuestas acerca del papel del Estado (mero garante de las «reglas» del mercado o activo y regulador); de la inserción internacional («regionalismo abierto», TLC con EEUU o latinoamericanista, pro Unasur, ALBA, relaciones Sur-Sur); del rol de las inversiones extranjeras (propender a que vengan sin obstáculos o aceptación selectiva); de alentar o frenar la concentración y extranjerización de los capitales.

Las modificaciones aprobadas al documento inicial fueron hacia la izquierda. Del Estado se pretende un rol protagónico y regulador; las empresas estratégicas deben permanecer en sus manos; se vuelve a rechazar un TLC con EEUU, aunque subsiste una peligrosa zona de indefinición; se propone volver a un sistema estatal único de seguridad social y se rechaza la privatización parcial actual; se condena la extranjerización, de la tierra en especial, y las inversiones que no generen fuentes de trabajo; se critica la política de abrir los puertos al capital extranjero y de promoción de los emprendimientos de celulosa; se promueve un sistema impositivo que grave al capital y no al trabajo; se rechaza la distribución de riquezas que tienda a aumentar la desigualdad; se propone ingresar al ALBA; se rechaza la presencia en Uruguay de misiones del Comando Sur de EEUU ; se le reconoce al pueblo y al gobierno de Cuba su ayuda solidaria en los planes de salud y educación; se rechazan los acuerdos con la Colombia de Uribe; se propone recomponer el diálogo con Argentina y mejorar las relaciones con Brasil; se resuelve intensificar la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad ; se apoya la vetada Ley de Salud Sexual y Reproductiva; se propone convocar a una Asamblea General Constituyente, que entre otros temas, otorgue el voto a los residentes en el exterior.

El Congreso demuestra que el FA está a la izquierda de su gobierno; significa la expresión de la militancia, núcleo principal de cualquier fuerza popular. Y lógicamente, las decisiones de la máxima instancia democrática, de la expresión soberana frenteamplista, deben respetarse, y toda persona, tendencia o partido que no las acepte, tienen siempre abierto el camino político y ético, de renunciar a la fuerza política. Pero es inaceptable que uno de los precandidatos las subvalore tildándolas de «correcciones» al programa y marque distancia de ellas. ¿Qué fuerza democrática no «corrige» el o los documentos iniciales? ¿Acaso tiene menor valor la opinión de la militancia que la de los redactores iniciales? ¿Nos desviamos hacia una retroversión democrática orientada a otro despotismo ilustrado?

La sola idea que un futuro gobernante pueda no atenerse a lo acordado por su fuerza política, obliga a desagradables preguntas. ¿Se quiere representar a la fuerza política? ¿O se la quiere usar para acceder al gobierno e ignorarla?

La izquierda siempre, en el acierto o en el error, ha hecho corresponder el programa con las personas encargadas de aplicarlo. En tal sentido, es cierto que los adversarios de las «medias tintas» socialdemócratas son los vencedores del Congreso y están empujando a la victoria para trascender a la tibieza de las ­generalmente- positivas reformas del gobierno de Vázquez.