La inseguridad y los menores infractores

A medida que avanza la campaña electoral, empiezan a perfilarse cada vez con mayor claridad cuáles serán los ejes temáticos fundamentales de dicha campaña.

Nos referimos, claro está, a los temas que serán impuestos por los partidos opositores, sobre todo el Partido Nacional, ya que el coloradismo aparece con una cierta actitud de resignación como aceptando de antemano su nula chance de mejorar su performance electoral de 2004.

Aparentemente, dos son los principales asuntos preferidos por blancos y colorados para debatir durante la campaña y obtener los réditos electorales previstos. Uno es la política tributaria y el otro, la inseguridad.

Varios son los precandidatos del bloque opositor que ya han anunciado su intención de derogar el IRPF en caso de acceder al gobierno. Desgraciadamente, no nos dicen cómo harán para mantener el nivel de la recaudación ni proponen un tributo sustitutivo del impuesto a la renta. Así las cosas, a primera vista ofrecen una propuesta seductora (a nadie le gusta pagar impuestos) pero falsa por estar fuera de la realidad y porque soslayan una parte fundamental de la solución. Y no sería de extrañar que con esa imagen de filántropos logren engañar a algunos incautos.

Pero no caben dudas de que el caballito de batalla es la inseguridad. El precandidato blanco Luis Alberto Lacalle –quien según las últimas encuestas se perfila como el vencedor en la interna nacionalista– ha hecho de la inseguridad ciudadana su leit-motiv en esta campaña para atacar al Frente Amplio y ofrecer una propuesta que puede resultar seductora para las capas medias, atemorizadas por el incremento de la violencia delictiva. El ex presidente plantea directamente la rebaja de la edad de imputabilidad, esto es, habilitar la posibilidad de que los menores infractores no puedan ampararse más en su condición de menor de edad para zafar de la acción de la Justicia.

El doctor Lacalle no es tonto y sabe que su propuesta responde de manera satisfactoria a los anhelos de la pequeña burguesía, para la cual el incremento de la actividad delictiva y de sus formas más violentas se combate con más represión. ¿No oímos diariamente, acaso, el reclamo recurrente de menos indulgencia con los menores, de mayor rigor punitivo, e incluso de la reimplantación de la pena de muerte?

En épocas de crisis, suelen emerger los aspectos más sombríos del alma humana. En estos tiempos en que aumentan los delitos contra la propiedad y los infractores exhiben un desprecio notorio por la vida de sus semejantes, puede llegar a ser explicable la reacción del ciudadano atemorizado exigiendo más soluciones policiales y judiciales; esto es, más represión, menos miramientos, penas más severas.

Quienes así reflexionan no advierten que todo eso no son sino parches, remiendos, aspirinas que sólo atacan los efectos de una enfermedad, de una crisis social que sólo se percibe cuando la misma se manifiesta en hechos delictivos. Bien cierto es que el Estado tiene el deber de proteger al ciudadano amenazado por otros ciudadanos que, por razones diversas, han resuelto no acatar las normas de convivencia. Pero no debemos olvidar que con esa protección no alcanza, pues para derrotar esos males sociales, se necesitan medidas de otra índole que apunten a combatir las causas del delito.

Quienes proponen sólo medidas represivas para combatir el delito juvenil, ¿creen realmente que así lograrán abatir los índices de delincuencia? ¿Piensan, verdaderamente, que el hecho de conservar los antecedentes de un joven infractor operará el milagro de disuadirlo de continuar en su carrera delictiva?

En fin, el asunto es delicado y de no fácil solución. Rebajar la edad de imputabilidad no va a mejorar la seguridad de la población.