Los límites de la asistencia

En la segunda quincena de marzo confluirán en la agenda política un conjunto de datos y novedades que, provenientes del área económica, se incorporaran como referencias esenciales a la discusión y el quehacer político. Esos datos revelarán, con un poco más de precisión, cuál es el estado real de la economía del país, sus grados de vulnerabilidad y demás elementos para que, de inmediato, el gobierno proceda a comunicar el diseño de lo que pudiera llamarse un plan de contingencia II.

Ese paquete informativo develará el valor agregado generado en la economía durante el último trimestre de 2008, indicará lo que está sucediendo efectivamente con las bases monetarias de la inflación y agregará una actualización muy esperada acerca de cuál era el estado de las cuentas públicas al término de enero. La inclusión de los nuevos datos en la matriz con la cual trabajan los miembros del equipo económico, en línea con el presidente de la República, permitirá al gobierno retomar la conversación de diciembre en Punta Cala y explicarnos con más fundamento las líneas de su política para el año.

Recién allí el Poder Ejecutivo estará en condiciones de proponerle a la sociedad en su conjunto una convocatoria que, necesariamente, deberá ser fundamentada y precisa. La rendición de cuentas de lo realizado hasta el presente ha sido expuesta con creces en el mensaje a la Asamblea General y la extensa alocución presidencial del sábado pasado. Ahora, los ciudadanos aguardaremos del presidente y sus ministros una orientación más expresiva sobre el futuro.

La dimensión de la crisis, sus notorios impactos y la dispersión del pensamiento acerca de sus orígenes y, sobre todo, de su aterrizaje, obliga al gobierno a realizar operaciones complejas, tanto en el área de la economía como de la política. Hay en marcha un cúmulo de medidas que tienden a compensar las pérdidas de los empresarios, a preservar el mercado de trabajo y los ingresos de los más damnificados.

Empero, el gobierno tiene límites para ejercitar esa asistencia y es bueno que ellos sean precisados. Porque, además, no se trata sólo de límites presupuestales. Los efectos reales de la crisis y la incertidumbre informativa que la rodea, ha generado un estado natural de expectativas que debe comenzar a ser acotado. Al menos en lo que refiere al límite del intervencionismo del Estado. De otra manera, el sector privado tomará menos decisiones de riesgo que lo conveniente. Es cierto que las autoridades no han fomentado este estado de expectativas sino que, por lo contrario, han esbozado reiteradamente los límites de su capacidad asistencial. Pero ese límite aún es difuso.

Con esos datos de las próximas semanas y en una hipótesis de mantenimiento del entorno comercial y financiero sin demasiadas modificaciones durante lo que resta del año, el gobierno comunicará sus nuevas metas en materia de estabilidad de precios, crecimiento, y definirá cuál es el nuevo límite admisible de déficit fiscal con su plan de financiación correspondiente. Luego de ello, las empresas y los individuos deberemos adoptar nuestras propias decisiones. Si el gobierno procede de esta manera y su discurso es, dentro de lo posible, suficientemente claro, los ciudadanos podremos asumir nuestras propias decisiones económicas y de vida, con la responsabilidad necesaria.

Lo que no puede hacer este gobierno es asumir todos los riesgos con más voluntarismo que el conveniente; ya lo ha hecho, hasta con pasión, con las reformas y programas de inclusión, cuyo costo supone vulnerabilidades soberanas importantes. Pero esos límites deben ser más precisos, sobre todo porque esa propensión asistencial diluye la creatividad y la propia responsabilidad de los privados.