¿Por qué el Multimedio Plural quiere ahora que la ley del pánico, írrita y nula, se transforme en ley disuelta?

C on el escenario ya despe jado de quiénes serán los precandidatos presidenciales de la izquierda uruguaya y el pronunciamiento de todos ellos a favor de la nulidad de la Ley de Caducidad, que en caso de dictarse en el plebiscito de octubre comenzará a aplicarse efectivamente en el próximo gobierno, cesó para mí personalmente y para el diario LA REPUBLICA y el multimedio que dirijo, el tiempo de la duda táctica y ética sobre ese inmenso dilema moral.

Faltan casi 25 mil firmas válidas y otras 50 mil de reserva y sólo 46 días. Ya llegó la hora de lanzar al ruedo al diario plural, a la 1410 y a TV Libre con todas las fuerzas disponibles para ayudar a alcanzar el objetivo plebiscitario.

Informativamente los tres medios lo han venido haciendo en los primeros lugares de la difusión y el esclarecimiento sobre esta herida colectiva, pero justo es reconocerlo, no existió ni una definición formal editorial ni el lanzamiento de una campaña generalizada en torno a la nulidad.

 

El congreso y el manantial  de los sueños

Las razones son harto conocidas. Apoyamos editorialmente a nuestro compañero de tareas y miembro de nuestro cuerpo editorial, Hugo Cores, proponiendo la nulidad de la Ley en el Congreso del Frente Amplio que definió el programa para los comicios del año 2004. Esa posición fue derrotada en el plenario y el candidato de la izquierda nacional, Dr. Tabaré Vázquez, no pudo sino acatar los términos de la ley espúrea.

No estuvimos de acuerdo con la posición táctica del Congreso porque impunidad y gobernabilidad no pueden ser nunca sinónimos políticos en una Nación que en forma mayoritaria quería poner fin al tiempo de los asesinos.

Seguimos creyendo que la impunidad sólo germina ante la debilidad moral de las instituciones y la debilidad de los magistrados y también de la gente indiferente.

Ese gigante moral que puso de rodillas al imperio británico, Mahatma Gandhi, no dudaba en afirmar en 1930 que lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena.

Fue muy duro aceptar que quedarían impunes esos seres inhumanos que se lanzaron como mastines sobre un pueblo indefenso, cometiendo crímenes abominables, necesarios para instaurar el mundo del mercado, eliminando a decenas de hombres y mujeres innegociables.

Nos parecía en aquel momento que se secaba un poquito el manantial de los sueños, forjados durante décadas y décadas por lo mejor de la izquierda uruguaya.

 

¿El hombre feliz o  el hombre justo?

Era cierto que esa ley viciada de nulidad, portadora de los tres vicios del consentimiento, violencia, dolo y error, había sido aprobada por la mayoría de la ciudadanía. Esta votó por temor, entró en pánico ante la posibilidad de que la felicidad de la derrota militar se revirtiera y el desacato uniformado desafiante culminara en el retorno de la pandilla criminal.

Otra vez Calicles «derrotando» a Sócrates. Platón en sus «Diálogos» reprodujo esta polémica eterna. Sócrates afirmaba la supremacía del hombre justo por sobre el hombre feliz. Calicles defendía al hombre feliz por sobre todas las cosas. Sócrates pagó con la cicuta abandonando la felicidad por la justicia. Pero también Calicles se equivocó porque el genio ateniense encontraba la felicidad precisamente defendiendo al hombre justo.

En el referéndum que santificó a la inconstitucional ley de caducidad, la mayoría fue caliclense. Nosotros fuimos socráticos, orgullosamente socráticos.

Y la izquierda acató. Y lo hizo confiando en que la dirección moral, intelectual y política de la sociedad nueva, a la que aspiraba en octubre de 2004, estaría en buenas manos.

En las manos, las neuronas, los músculos y el corazón de un conductor como pocos, el Dr. Tabaré Vázquez Rosas, a quién sabíamos asqueado por la Ley de Caducidad (ingresó a la política como secretario de la comisión del voto verde) y que haría todo lo posible, sin violar su palabra en la campaña electoral, de encontrar los intersticios necesarios para aproximarse al máximo de justicia posible que la propia ley y sus lagunas permitieran.

Y en esa tarea fue un gigante. Los cuarteles se abrieron, los juzgados también, el pacto de silencio de los criminales comenzó a resquebrajarse, muchos de los genocidas fueron a parar a la cárcel, restos de algunos desaparecidos se localizaron, se abrieron los archivos policiales y militares cerrados a cal y canto por los cuatro gobiernos anteriores, se excluyeron 58 casos del paraguas protector de la Ley de Caducidad, se publicó un informe de más de 1.500 páginas sobre las temibles violaciones a los derechos humanos y, por primera vez, las fuerzas perjuras que se apoderaron por la fuerza del Estado y de la sociedad, reconocieron públicamente la existencia de vuelos de la muerte, de torturas, de violaciones, de venta de niños, de ejecuciones sumarias, de enterramientos clandestinos, de sevicias inenarrables.

 

Hay que desplumar a la gallina sin que grite

Tabaré hizo lo que les aconsejaba un gran estratega latinoamericano a su impaciente «juventud maravillosa»: «hay que desplumar a la gallina sin que grite».

Es lo que hizo nuestro Presidente, sacándole todas las plumas que pudo al adefesio jurídico de la ley de caducidad y al mismo tiempo cumpliendo con su promesa previa a los comicios.

Pudo alcanzar el punto más alto, encontrando las tumbas infames donde fueron enterrados los héroes desaparecidos. Movió todos los hilos posibles. Pero una vez más la traición de quienes juraron defender la Constitución y las leyes, organizó la celada artera tejiendo una red de informaciones falsas que frustraron las expectativas de todo un pueblo desgarrado por esa inmensa nube tóxica cuyas partículas se insertaron en los pulmones de nuestra sociedad: ¿dónde están nuestros hermanos desaparecidos?

 

Las siete razones

Las razones para declarar nulo lo que ya era nulo al nacer, son múltiples, pero consignamos hoy sólo 7 de ellas para explicar porqué nos sumamos a la campaña para obtener las 100 mil firmas que faltan.

1) si resulta anulada en octubre, los efectos reales de la nulidad recién tendrán aplicación ya conocido el nombre del nuevo Presidente de los uruguayos, una vez que éste asuma, después de la feria judicial de enero.

2) Los tres precandidatos presidenciales del Frente Amplio, fuerza que por razones tácticas resolvió en el Congreso «Héctor Rodríguez» de diciembre de 2003 no incluir en su programa la nulidad de la Ley de Caducidad, ya se pronunciaron a favor de esta conducta; dos, firmando las papeletas y, el tercero, anunciando que votaría la nulidad en el plebiscito.

3) El Congreso «Zelmar Michelini» del Frente Amplio, en diciembre de 2008, resolvió corregir la posición de 2003 e impulsar la nulidad de esa ley.

4) Porque ya quedó cumplido el compromiso del presidente Tabaré Vázquez de no promover la nulidad de la ley durante su gestión. Esa nulidad no será aplicada, en los hechos, durante su mandato.

5) Porque con posterioridad a la sanción de la Ley de Caducidad se conocieron, se admitieron y se confesaron crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias, como las concretadas en el segundo vuelo de la muerte, investigado y descubierto por el diario LA REPUBLICA, como el hallazgo de la nieta de Gelman tras una intensa investigación de LA REPUBLICA, calificada por el poeta de América, como «la madrina del descubrimiento» en la edición del 1º de abril de 2000, como también el hallazgo de Simón Riquelo anunciado por LA REPUBLICA el 12 de marzo de 2002, probando ambos descubrimientos la mentira militar sobre el secuestro de los hijos de los desaparecidos, así como decenas de casos más que abrieron los ojos de miles de ciudadanos, honestos pero inseguros, que votaron el 16 de abril de 1989 por el voto amarillo.

Por otra parte, en el informe que en 2005 las Fuerzas Armadas entregaron al Presidente de la República a pe
dido de éste, la Fuerza Aérea admitió, por primera vez, en forma oficial, la existencia de vuelos clandestinos que trasladaban uruguayos desde Argentina a nuestro país, los que aún permanecen desaparecidos. Confesaron haber cometido un crimen de lesa humanidad respecto del cual, de acuerdo al programa de gobierno del Frente Amplio, se impone su juzgamiento irrenunciable conforme lo mandata el derecho internacional.

6) Porque es impostergable reintegrar a nuestro país a la comunidad internacional de la cual nos alejamos al aprobar la ley 15.848 mediante la que «se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado» respecto de delitos de lesa humanidad que «son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan ocurrido» según fue aprobado por nuestro parlamento por ley 16.724 del 1º de noviembre de 1995, al signar la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad adoptada por la ONU el 26 de noviembre de 1968 y al aprobar también nuestro país la ley 15.710 el 27 de junio de 2002 suscribiendo el Estatuto de Roma mediante el cual se legitima y ordena el juzgamiento de todos los delincuentes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Agreguemos a estos actos jurídicos el hecho increíble de que 9 meses antes de aprobarse el engendro de la caducidad, el 8 de marzo de 1985 nuestro país signó el Pacto de San José de Costa Rica que le impedía aprobar esa ley que hoy sigue contaminando nuestro orden legal. Uruguay pese a haber aprobado estas tres leyes libremente, ingresando al concierto de Naciones humanistas y contrarias a la aberración de la violencia estatal, las desconoció dolosamente al mantener esa llaga lacerante, en nuestro cuerpo social. Y obtuvo por ello una mancha sin precedentes en su fama internacional, al declarar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que «la ley de caducidad viola los art. 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos de Hombre».

7) Y finalmente porque la ley de caducidad viola en forma indubitable nuestra Carta Magna. Es inconstitucional de punta a punta. Porque reconoce a texto expreso como fuente de derecho el Poder militar, fuente de derecho inexistente en nuestra Ley Fundamental. La ley admite («reconócese que como consecuencia de la lógica de los hechos») la presión militar que desconocía al Poder Judicial, desacataba sus órdenes y volvía a poner en peligro la institucionalidad. Consta este aserto en el texto de la ley y en las actas de la discusión parlamentaria. El lunes 22 de diciembre de 1986 los militares concretarían su desacato y resistirían su conducción al juzgado. La ley salteó todos los trámites parlamentarios y fue aprobada de apuro y promulgada el mismo día lunes 22 de diciembre, día en que supuestamente se produciría la nueva insubordinación militar.

 

La violencia es un vicio del consentimiento y ese vicio hizo nacer muerta la ley espectral.

Además esta ley es inconstitucional porque viola el principio de la separación de poderes al otorgarle al Poder Ejecutivo la facultad de decidir qué casos se juzgan y qué casos no pueden ser juzgados, convirtiendo en juez a quién no lo es.

El juez letrado Alberto Alonso Liard, en una magistral resolución judicial fundada, pidió de oficio a la Suprema Corte que declare inconstitucional la Ley de Caducidad e inaplicables sus textos. Dijo en sus fundamentos el juez Alonso sobre la aprobación de esa ley: «dispuso quién no debía, mientras quién debía, reconoció formalmente que había dispuesto quien no debía y tal reconocimiento tomó forma de ley».

Los recientes pronunciamientos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sobre la inconstitucionalidad de esta ley, así como la convicción sobre su ilegalidad central, sostenida por la fiscal de la dignidad y el derecho, Dra. Mirtha Guianze, aportan nuevos elementos favorables a su nulidad.

 

La ley del pánico es «írrita, nula y disuelta» en sí misma

Esta ley, «írrita, nula y disuelta» en sí misma, quedará en los anales parlamentarios, como la ley inconstitucional del pánico, de una mayoría parlamentaria que resignó sus derechos soberanos, ignorando que no existían en ese momento especial de la historia, ni condiciones subjetivas ni objetivas para el desacato militar, que podía y debía ser derrotado para siempre mediante movilizaciones masivas de un pueblo que estaba dispuesto a ello, con el apoyo de la comunidad internacional.

Nuestra civilización, incluye las honras fúnebres como un elemento esencial de nuestra cultura. Y hasta que esas honras no se realicen, nuestra cultura seguirá con la herida abierta. Existen los vivos y los muertos. Pero en el medio están los desaparecidos.

Y entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor.

Lo más grave de un error no es que se produzca sino que se entierre, sin duelo, sin exequias. Siempre resucita.

La banda armada que tomó el poder por la fuerza durante la docena infame, cree que los crímenes se entierran. Están equivocados: los sobreviven.

El grito de los desaparecidos es la conciencia desgarrada de nuestro país.

Pero no hay dolor inútil. Esta vez ese grito no está siendo apagado por la lluvia tranquilizadora de la retórica cotidiana, ni por la trivialización del horror ni por la cotidianeidad de lo atroz, ni siquiera por el hábito de oír siempre lo mismo.

El Presidente de la República ya hizo todo lo que pudo. La fuerza política que lo llevó al poder también. El Poder Judicial batalló en su inmensa mayoría procurando encontrar la justicia pese a los escollos de la ley infame. Y una abigarrada legión de juristas, organizaciones de derechos humanos, sociales, barriales, sindicales, jueces, fiscales, referentes culturales y militantes de derechos humanos, entre muchos otros, entre los que nos contamos, aportaron sus toneladas de arena para reparar el crimen.

 

Porque el olvido del pasado no puede ser el precio del futuro

Ahora le toca a todo el pueblo dar el golpe de timón que derrote la impunidad, que abra las puertas cerradas a cal y canto de la verdad y la justicia, para que los miserables cuervos del pasado que todavía planean y han hecho un nido perenne en algunos cerebros irredentos, se alejen de nuestros sueños y de nuestro solar hollado.

Porque no nos equivoquemos, aún conviven con nosotros un puñado de bribones que hicieron suyo el pensamiento del siniestro general Ibérico Saint Jean: «primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos». Esa filosofía tuvo sus exequias políticas pero no su enterramiento jurídico y sus aberrantes ejecutores siguen impunes.

Llegó la hora de desterrar para siempre la impunidad de nuestra República.

La tarea quedará a cargo de uno de los tres precandidatos de nuestra izquierda. El que resulte elegido por los ciudadanos frentistas.

Faltan aún 75 mil firmas para asegurar el plebiscito. A por ellas. Es el último esfuerzo.

Porque el olvido del pasado no puede ser el precio del futuro.