Defender el INAU, defender la niñez

Por distintas circunstancias el padre Mateo Méndez y el psicólogo Víctor Giorgi decidieron renunciar a sus sensibles responsabilidades en el Instituto del Niño y del Adolescente, desbordados por los hechos que enfrentan a la sociedad con una verdadera «caja de Pandora» . No es posible ni admisible que una guardia de funcionarios ejerza un control de facto sobre los hogares del Interj, ni mucho menos que desconozca a la autoridad policial, que en un Estado de Derecho, en una democracia republicana, se constituye en la representación de la ley.

Un gobierno electo democráticamente, cualquiera sea su signo ideológico, no debe admitir presiones o chantajes de ningún grupo de presión. Agotados los medios que la Constitución y la ley establecen para este tipo de conflictos, la Justicia es la encargada de investigar todo tipo de irregularidades que estos adalides y pontífices de «los gurises» dicen defender.

La sociedad uruguaya, sensible como todas por cierto, a los extremos de la seguridad ciudadana y a la indeclinable defensa de los derechos humanos en toda su expresión, demanda de la nueva jerarca del organismo, diputada y maestra Nora Castro, una investigación a fondo en el seno de aquel intrincado mundo que desnudaran en plenitud la propia ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el senador Eduardo Lorier, en un recordado episodio que reveló el estado de situación de un mundo sórdido e inviable para los fines de rehabilitación a un adolescente, que necesita de contención, afecto y una nueva oportunidad en su vida.

Castro deberá desmalezar la selva de desidia y corrupción que desafía a la sociedad uruguaya en su conjunto, no a un gobierno en particular. Los muy lamentables hechos que motivaron la partida de dos servidores públicos de grandes quilates, en los que la sociedad uruguaya depositaba toda su confianza, se constituyen en una derrota para el país todo. Es miserable, desde toda lógica, manipular a niños infractores con fines políticos. No debe tolerarse.

El INAU debe cumplir a satisfacción esa tarea con personal vocacional dotado de los elementos técnicos y la necesaria competencia para enfrentar patologías criminales agravadas por la presencia de drogas de alta adicción, como la pasta base, destinadas a destruir el quintil más pobre y desprotegido de la sociedad uruguaya.

Si el INAU no está en condiciones de trabajar con niños y adolescentes infractores, que están en mayor o menor medida inmersos en la pobreza espiritual de la droga, debe necesariamente confiar o compartir sin prejuicios esa tarea con aquella organización u organizaciones, las cuales empíricamente han demostrado su capacidad en desactivar la violencia de tal flagelo.

No es admisible, ni mucho menos razonable, que algunos pocos de los directamente responsables por la integridad física y psicológica de 200 menores infractores pongan en cuestionamiento permanente la labor de una entidad que trabaja responsablemente en el amplio espectro de la niñez y la adolescencia desde sus casas cuna, centros CAIF, hogares sustitutos y de estudio, entre otros.

Institución que, a pesar de lo muy poco considerada en anteriores presupuestos quinquenales de gobiernos blancos y colorados y a lo largo de décadas, debió sobrevivir a la carencia de recursos humanos, capacitación y a la debida realización de concursos para la tamaña responsabilidad de educar.

Lo hizo, gracias al esfuerzo anónimo de honorables personas y directores de hogares, maestros y funcionarios que se dedicaron al apostolado de criar y darle cariño a esos niños como a sus propios hijos por salarios paupérrimos. En nombre de ellos, que son su gran mayoría, es que deben esclarecerse los hechos que motivaron los muy lamentables alejamientos del padre Mateo Méndez y del profesor Víctor Giorgi.