Arden las barbas de California

Desde hace diez días el estado de California vive en estado de emergencia. El mismo fue dispuesto por el gobernador con la finalidad de disponer de fondos públicos para destinar a la compra de electricidad a las empresas generadoras de energía.

Los habitantes de aquel Estado, el más rico de los Estados Unidos de Norteamérica, vienen sufriendo cortes de luz que han afectado fundamentalmente las zonas de San Francisco, Los Angeles, Sacramento y –aunque usted no lo crea– el Silicon Valley, conocido por ser el mayor fabricante de millonarios de la última década.

Los californianos se aprovisionaron de linternas, pilas y leña. Algunas personas se han quedado encerradas en los ascensores. Algunos centros de enseñanza han suspendido las clases. Solamente se salvan de los cortes de luz –que no se conocían desde la segunda guerra mundial– los hospitales, comisarías, cuarteles de bomberos y transporte público de cercanías. Se recomienda a la población que reduzca al mínimo el consumo de electricidad y se les dan consejos para enfrentar de la mejor manera posible, los cortes de energía programados.

La razón de los apagones radica en que las empresas generadoras de energía se niegan a vender a las distribuidoras, hasta tanto aquellas cancelen la enorme deuda que han acumulado.

Las empresas distribuidoras no pueden hacer frente a dichas deudas porque el precio que cobran a los usuarios es la décima parte del que les facturan las generadoras. Su situación es de bancarrota. Las agencias calificadoras de riesgos degradaron sus deudas al nivel de los bonos basura.

Hasta 1996 la generación y distribución de energía eléctrica estaba en manos de tres empresas que realizaban todo el proceso, vendiendo a precios fijados por el Estado. Pero con la aprobación de una ley estadual se separó la generación de la distribución. El argumento fue que con la competencia se produciría una rebaja de precios, logrando una disminución con respecto a los que fijaba el Estado.

Sin embargo, la demanda de energía continuó creciendo, mientras que la generación se mantuvo estable. Esto trajo como consecuencia que, en el funcionamiento del mercado, crecieran los precios mayoristas a medida que lo hacía la demanda.

Llegado a este extremo, el gobierno no se anima a descargar el tremendo ajuste de tarifas a los consumidores, aunque todos saben que serán estos los que finalmente terminarán pagando los platos rotos, sea por aumento de precios o incremento de impuestos. Mientras tanto las empresas distribuidoras han quedado aprisionadas como el jamón del sándwich.

En el mensaje del gobernador a la población, informando de la situación creada y fundamentando su solicitud de fondos extraordinarios al Parlamento, se calificó este asunto como «un descomunal, y peligroso fracaso».

Y yo comento esto con usted, para recordarle que una adecuación similar rige en nuestro país desde 1997. Que también nos dijeron que era necesario modernizar el funcionamiento del sector eléctrico poniéndolo a tono con los requisitos de los mercados globalizados, para obtener una rebaja de las tarifas. Y le quitaron el monopolio a la UTE.

Nuestra ley es un par de años más joven que la de California. Hasta ahora no se ha visto ninguna rebaja de tarifas como consecuencia de su puesta en práctica. Aunque tampoco –y toquemos madera sin patas– hemos tenido que lamentar ningún «descomunal y peligroso fracaso».

Sin embargo, lo del título viene a cuento porque el desastre está ocurriendo en la casa de los inventores de las privatizaciones, desregulaciones y globalizaciones. ¿Se da cuenta?

* Militante del Frente Amplio