La memoria sobre el Tribunal de Conducta Política del FA

El general (r) Víctor Licandro ­ por quien tengo un profundo respeto ­ se sintió en su oportunidad aludido ­ LA REPUBLICA 14/01/07, pág. 11 – por mis dichos acerca del mencionado órgano político – expresados en una nota mía relativa a la situación del representante nacional doctor Darío Pérez -, especialmente por la «valoración», según Licandro, hecha por el suscrito sobre los miembros del Tribunal en el año 2000, transcribiendo en su réplica parte de un acta, de la cual surgían los nombres de sus integrantes. Culminaba su nota con estas conclusiones: una, que no era verdad mi opinión sobre la integración del Tribunal; la otra, que no era verdad mi afirmación ­ según Licandro ­ de que el Plenario Nacional «votó (en mi caso) contra el fallo del Tribunal». A ellas llegaba luego de una síntesis de las actuaciones cumplidas, síntesis incomprensible para quien no estuviera informado acerca de los vericuetos de las internas partidarias, particularmente la tortuosa – y torturante en algunos casos – del FA.

No pretendí polemizar con el general Licandro, a quien, reitero, siempre he apreciado y valorado. Por ello nunca le contesté, hundiendo mi respuesta – al igual que mi militancia – en el silencio y el olvido. Es más, en aquel Tribunal que me imputó haber violado el Estatuto, Licandro era para mí la única garantía de imparcialidad. Reitero esto aunque no le agrade y pese a su referencia a los fallecidos. La muerte no nos convierte ni en santos ni en demonios. Por lo tanto, asumo lo que digo. La comparecencia ante el Tribunal fue una prueba muy dura, para la que no estaba tan preparado, como sí lo estaba durante el pachecato y la dictadura, para lidiar con policías y militares. Además, nunca pensé ­ ingenuo militante político ­ que en el seno del FA podía anidar ese monstruito.

Todo lo antedicho viene a cuento a raíz de las demasías y excesos escuchados por estos días relativos a la manoseada reelección y la amenaza de solicitud de pase al Tribunal de Conducta Política de algunos ministros de Estado. La dialéctica generada en el trajinar de los años ha llevado a una síntesis superior: de los primeros infelices víctimas de pequeñas venganzas políticas incubadas por los aparatistas, a la realidad de hoy, donde ministros están en capilla y el propio Presidente de la República ofrece encabezar la lista. Esta reflexión me permito hacerla como simple ciudadano, apartado por propia voluntad ­ no porque lo haya decidido el mal parido Tribunal ­ de toda actividad política. Y en esa calidad apelo a los medios para expresarme. Soy parte de «la gente», esa con la que se llenan tanto algunos la boca.

Para terminar, quisiera transcribir algunas frases de mi nota de LA REPUBLICA ­ 12/01/07, pág. 11 ­ motivadora de la respuesta, a que hice referencia, del general Licandro: «… Y a tal punto llega la percepción mecánica sobre el peligro que representa el «acorralado» ­ según la prensa fernandina ­ que hasta el propio vicepresidente de la República amenazó en algún momento con enviarlo al tristemente conocido Tribunal de Conducta Política del FA. Tribunal que se integra en forma cuotificada ­ igual que los cargos en el gobierno – y que, consecuentemente, eyecta fallos según las correlaciones de fuerzas existentes en el momento. Si el o los imputados no tienen apoyos sectoriales, son condenados irremediablemente. Si los tienen, su sector intentará que los traten con benevolencia. El suscrito puede hablar con propiedad de ello y lo seguirá haciendo durante el resto de sus días. No por heridas – que han cicatrizado ante la brutal decepción con algunos «actores» de la izquierda y el progresismo -, sino precisamente por el derecho y la obligación emanados de una militancia de más de cuarenta años por una sociedad mejor»…