La imagen del sistema político en la sociedad

Es común oír comentarios de los ciudadanos sobre las disputas, riñas y desencuentros entre los partidos políticos. Dichos comentarios suelen ser particularmente críticos con los parlamentarios ­diputados y senadores– a quienes se acusa de ser inoperantes y de pasar el tiempo en duelos verbales (y a veces corporales) inconducentes. «Se pelean entre ellos en vez de ponerse de acuerdo para resolver los problemas del país» es una frase recurrente entre los hombres y mujeres de la calle, esos ‘ciudadanos medios’ que conforman lo que da en llamarse opinión pública.

Obviamente, estamos ante una imagen estereotipada del político, imagen negativa de la que los propios políticos son responsables por actuar muchas veces en función de apetitos personales o de mezquinos intereses electorales; pero en la construcción de esa imagen y en el proceso de internalización de la misma en la mentalidad media del ciudadano común, también hay una incuestionable responsabilidad de los medios masivos y de los sectores conservadores que representan. Recuérdese cómo se abonó la mala imagen de la clase política con el propósito de desprestigiar el sistema y sus instituciones de modo tal que el quiebre institucional de junio de 1973 fuera percibido como una salida mesiánica. A propósito de los ochenta años del diario El País, se evocó la campaña de desprestigio de la que fue abanderado ese medio contra la Junta Departamental de Montevideo poco tiempo antes del golpe.

Como queda dicho más arriba, es innegable que muchas actitudes de los políticos justifican en parte la percepción negativa que la población tiene de ellos. Sin embargo, los medios de comunicación se muestran reticentes a la hora de señalar los aspectos positivos de la tarea que desempeña el sistema político; en lugar de resaltarlos, los soslayan, y de esa forma ayudan a mantener la imagen negativa.

Al expresar esto, estamos pensando en todas las leyes votadas por amplios consensos interpartidarios o incluso por unanimidad de los legisladores. En algunos temas que requieren grandes acuerdos para diseñar políticas de Estado en la materia, los partidos políticos uruguayos han logrado consenso, se han puesto de acuerdo resignando pretensiones propias y aceptando propuestas ajenas. No podemos negar que hay asuntos que aparecen bloqueados como consecuencia de posturas intransigentes casi caprichosas, como es el caso de la integración de los organismos de contralor, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, cuyos miembros actuales fueron designados en 1995 y no reflejan, por tanto, la realidad política actual. Tampoco podemos olvidar que las grandes reformas impulsadas por el gobierno progresista levantaron serias resistencias de la oposición y prácticamente todas ellas resultaron aprobadas exclusivamente con los votos de la bancada de gobierno.

Pero fuerza es destacar que en el transcurso de la presente Legislatura, un buen número de leyes obtuvieron el apoyo unánime o casi unánime de todo el espectro político. Nos referimos a la Ley de Cooperativas, que contó no sólo con los votos sino con el apoyo entusiasta de todos los legisladores; a la Ley de Partidos Políticos que regula su funcionamiento y su financiación; y recientemente, a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que acaba de recibir la sanción de la Cámara Alta y será tratada (y seguramente aprobada) por la Cámara de Diputados).

Como se advierte, el sistema político no es inoperante, y sus miembros son capaces de anteponer el interés del país a la conveniencia personal o partidaria. Esto merece ser resaltado como una muestra de madurez y de sensatez de nuestros políticos, y debe ser tenido en cuenta para mejorar la imagen que algunos pretenden seguir deteriorando.