Es hora de que la política contribuya a un blindaje mayor

Tal cual se ha demostrado hasta ahora, el gobierno contaba con un plan de contingencia para enfrentar estrés fuertes provenientes de inclemencias financieras y comerciales. Si no lo hubiera tenido ­aunque no pudiera explicitarlo en demasía- este país ya habría sido arrasado como una cáscara de nuez por las turbulencias externas. El manejo de la deuda externa ha desplazado los apremios usuales para países como el nuestro, a los cuales se les cierran inmediatamente los mercados privados de crédito. Incluso han sido neutralizados también los apremios de vencimientos de la deuda de corto plazo. La fortaleza del sistema financiero ha determinado que en setiembre ­el tercer mes de profundización de la crisis financiera global-, esas fortalezas de sistema financiero local sean reconocidas adentro y afuera del país. Uruguay es un islote de garantías y salud, tanto en la seguridad de su sistema regulado ­el que importa- como en los indicadores de solvencia, rentabilidad y liquidez. En ese contexto, el banco comercial del Estado, trabajando en estricto apego a su misión y en línea con una regulación de la SIIFF que, en general, lo defiende, parece estar en condiciones de sortear viejas prácticas de socialización bancaria de pérdidas públicas o privadas. Ha aparecido el margen de reserva no contabilizado en las cuentas nacionales y el arrastre de un crecimiento mayor al presupuestado oficia como un piso que preserva al país de la recesión en 2009. Y, en los últimos días, ese plan contingente se ha efectuado en un cierre ordenado de la ronda de negociación salarial con acuerdos que, en general, no presuponían ­hasta ahora- riesgos agregados sobre la estabilidad a futuro. Es cierto que el gasto público financiado con una mayor presión tributaria ha crecido en una riesgosa asociación con el crecimiento del PIB. Empero, este era también un presupuesto del blindaje: diluir las principales tensiones sociales que pudieran ser activadas en un escenario de crisis.

Sin embargo, el país está siendo castigado con más dureza de lo que parece soportable por ese blindaje. No sólo la extensión y profundización de la crisis externa y las garantías tradicionales que ostenta la Tesorería de los EEUU determinan a que Uruguay tenga un diferencial de riesgo de su deuda soberana con las de EEUU del 7% -el doble del que tuvimos hasta setiembre-, o que se esté produciendo un fenomenal cambio de portafolio que determinan una reversión de todo el proceso de afirmación del papel que juega la moneda nacional en la economía construido con tanta tenacidad en los últimos cinco años. Hay efectos de pérdida de riqueza considerables en el área de la economía real y de la financiera que aún no han sido explicitados en los indicadores de uso corriente. La magnitud del castigo parece excesivo pero aún así el estrés está siendo soportado bien a nivel macroeconómico y con un poco más de dificultades por el sector privado. Empero, este es el momento en el cual el plan de contingencia comienza a demandar el concurso de la política en su acepción mayor. Estamos llegando al momento en el cual los impactos se trasladan al mercado de trabajo. Allí hay otra debilidad que el gobierno no desconoce pero que no esperaba tener que afrontar aún: en escenarios de crisis no es posible compatibilizar aumentos de precios y cantidades dado lo cual, luego de los ajustes reales convenidos, el gobierno sabe que deberá lidiar con caídas del empleo. En previsión de este punto de convergencia de la crisis, el público comienza a anticipar desenlaces que se expresan en cambios de expectativas cuya instalación es difícil y costoso revertir luego.

Hemos llegado pues a un umbral de decisiones en el cual, la actualización del plan de contingencias exige operaciones políticas de cierta audacia, capaces de anticipar y revertir ese cambio de expectativas a cuyo punto de inflexión nos aproximamos. Esas operaciones suponen excluir cualquier otra prioridad de la agenda que no sea la de lograr acuerdos de entonación nacional. Es difícil, pero el gobierno debe intentarlo desde los extremos de la profesionalidad y la responsabilidad que detenta. Su éxito será la comprobación de existencia de activos de razonabilidad suficientes y ello alcanzará para disminuir los riesgos principales. Sin él, la economía no tiene alternativas frente a un eventual agravamiento de la situación.