Verdad y justicia

Roger Rodríguez vuelve a dar frutos una vez más al poner el acento en un hecho a menudo soslayado u olvidado: el asesinato en París, en 1974, del coronel uruguayo Ramón Trabal, y la represalia de los terroristas de estado contra los grupos insurgentes ya desarticulados consistente en la matanza de militantes conocida como «los fusilados de Soca». Merced a dicha investigación y la declaración de Rodríguez en su comparecencia en la sede penal que tiene a su cargo el segundo vuelo, se confirma la coordinación represiva en el marco del Plan Cóndor, así como los vínculos entre los militares uruguayos y sus mentores franceses, expertos en combatir la insurgencia mediante refinados métodos de tortura, cuya eficacia había quedado demostrada en las guerras de Indochina y Argelia.

De este modo, los uruguayos vamos conociendo, poco a poco, la trama de complicidades y la forma de operar de los represores, lo que nos da un panorama cada vez más completo de lo que fueron los años de plomo.

Si bien es cierto que la creación de la Comisión para la Paz bajo el gobierno del doctor Jorge Batlle significó el primer paso hacia el fin de la ominosa «omertá», no caben dudas de que fue a partir de la instalación del gobierno actual que el pasado reciente, en rigor el período oscuro de los años de plomo (desde comienzos de los setenta hasta el fin de la dictadura), empezó a conocerse de verdad.

La labor de la Comisión para la Paz se había limitado a investigar el destino de los desaparecidos, algo nada menor pero que evitaba desnudar la verdad sobre nombres de terroristas de estado, sobre los hechos acaecidos por aquel entonces y sobre el modus operandi de la represión.

Por otra parte, fuerza es reconocer que la Comisión designada por el doctor Batlle no avanzó demasiado en su tarea específica pues bastante magros fueron los resultados obtenidos. De todos modos, como queda dicho al comienzo, no se debe minimizar la labor cumplida por la Comisión ya que significó el punto de partida para el reencuentro de los uruguayos con su pasado, hecho que diferencia notoriamente al gobierno del doctor Batlle de sus antecesores.

Cumpliendo con el mandato del programa de gobierno del Frente Amplio, el doctor Vázquez imprimió un giro nuevo a la política de derechos humanos y al papel del Estado en la dilucidación de los hechos.

A diferencia de sus antecesores, dio luz verde a las investigaciones pertinentes y abrió las puertas a la acción de la Justicia. Esto último resulta particularmente trascendente, ya que la actuación del Poder Judicial permitió la remisión a la cárcel de figuras emblemáticas como los ex presidentes de facto Bordaberry y Álvarez y de reconocidos torturadores como Gavazzo, Silvera y otros.

La intervención del sistema judicial, sin apartarse un ápice del ordenamiento jurídico y respetando cuidadosamente la Ley de Caducidad, no sólo permitió que connotados terroristas de estado marcharan a prisión, sino que, además, facilitó enormemente la ruptura del manto de silencio. En efecto, de no haber sido por el procesamiento de los torturadores y asesinos, habría sido difícil avanzar en el conocimiento de la verdad, ya que el pacto de silencio aparecía sólidamente asentado. Pero la acción de la Justicia Penal operó como una fisura en ese acuerdo monolítico al asestar un golpe psicológico de enorme trascendencia.

Los hechos van demostrando que el reclamo de verdad y justicia no era en vano pues ambos valores se suponen recíprocamente.