Prioridades en una posible reforma constitucional

Ha salido nuevamente a la palestra, y por meros motivos coyunturales, la posibilidad de que se efectúe una reforma constitucional. Está referida, en este caso, a un mecanismo que posibilite la reelección del presidente actual. Los motivos de dicho «re-alumbramiento» y sus inconvenientes, no son el centro de esta nota, sin dejar de apreciar que la campaña montada y vista mayoritariamente por la población como inoportuna, puede tener, como centro, una intención de «efecto cuco», en el sentido de precipitar una decisión forzada en el Congreso, y evitar así que la decisión de la candidatura presidencial frentista se resuelva en el marco menos presionable y digitable y más representativo de las internas, donde el peso de la decisión tendría, sin dudas, el aditamento de la voluntad de más gente.

Aclarado esto, pasemos al centro del tema en cuestión. La reforma constitucional es un mecanismo excepcional, al que no debe recurrirse en forma permanente ni por motivos nimios. Al plantearse, deben analizarse las prioridades que pueden justificar la modificación de la Carta Magna existente. Es evidente que un tema prioritario será, sin dudas, la eliminación del tramposo sistema del «balotaje», inventado por la derecha autóctona, con la aquiescencia de algunos «de izquierda», para evitar que se le quiten las ubres del poder, en las que han mamado onerosamente más de la cuenta. En la oportunidad anterior no les sirvió, pero en ésta, ¿quién sabe? Es un engendro latente, que hay que matar » de chiquito».

La otra prioridad, no menos importante, es la de la derogación del derecho del veto presidencial. Anacrónico engendro de origen monárquico, a estar por la autorizada palabra de don Emilio Frugoni. Este mecanismo es un antidemocrático modo de asegurarse, por parte de los detentadores del poder, que ni aun en el seno del Cuerpo más teóricamente representativo de la voluntad popular, surjan decisiones que puedan recortar sus privilegios.

Efectivamente. Asegurándose de poner en el primer lugar del Poder Ejecutivo a un fiel defensor de sus intereses, la oligarquía apátrida consigue burlar una decisión ampliamente mayoritaria que surja del Legislativo. Es el instante de debilidad democrática, en que la voluntad de un solo hombre está por encima de la voluntad soberana de un Pueblo, expresada democrática y legítimamente a través de sus representantes. Basta que un solo hombre no quiera algo, para que se frene toda la voluntad soberana de un Pueblo.

¿Vos te imaginás a Artigas utilizando este mecanismo? ¿De dónde «emana la autoridad» de un presidente que ignora la presencia soberana de su Pueblo? Claro. No faltará quien diga que olvidamos mencionar el mecanismo legislativo que permite levantar el veto. Pero su funcionamiento está fuera de la realidad, porque se requieren mayorías especiales inalcanzables, sabiendo que alrededor del presidente siempre se pone un numéricamente importante «collar» de incondicionales.

(Y hubo un caso, del «memorable» Pacheco Areco, en que la Ley Nº 14.047, que establecía la nulidad de los despidos de 182 funcionarios bancarios de la banca privada, fue vetada por el gobernante-banquero y, aunque parezca mentira, el Parlamento, en el que tenía la lógica mayoría, ante tamaña felonía levantó el veto. Pero la oligarquía financiera, que lo llevó a ese cargo, igualmente logró, «de facto» , que no se cumpliera la ley. Que ninguno de los presidentes «democráticos y progresistas», que devinieron luego de la dictadura, tampoco se animó a hacer cumplir.

En definitiva, es un mecanismo que aparece como anacrónico, si de democracia real se trata, y que no hace otra cosa que asegurar que la sola voluntad de un hombre puede mas que la del resto de la ciudadanía. Su uso, como «espada de Damocles», es un peligro latente.

Ya sea porque la inventó la oligarquía, para torcer cualquier «desvío democrático» en su contra, que recortara sus privilegios. Ya sea porque deja en manos de la voluntad democráticamente ingobernable y los zigzagueos de un solo hombre la posibilidad de desconocer la soberana voluntad del resto de sus compatriotas. Es que el veto presidencial debe tener la máxima prioridad de derogación en una futura reforma constitucional.