Lanzamiento de trascendente campaña cívica

«¿Cuánta gente en este ómnibus tiene presente que dentro de un mes se vota?»  

Buscaglia, «Desde el asiento de los …»   

Las inquietudes de nuestro reflexivo pasajero del asiento de marras están por demás justificadas.

No ha resultado nada fácil «mantener una comunicación con la gente que anule o conflictúe la comunicación digitada «oficial», como señala el artículo.

De ahí la importancia que adquiere el acto programado para el próximo sábado por las fuerzas que impulsan la realización del referéndum.

Como bien ha señalado Carlos Coitiño, representante del Frente Amplio-Encuentro Progresista ante la Comisión Pro Referéndum, se trata de empezar a «romper el bloqueo que existe en torno al referéndum».

La circunstancia de que esta primera convocatoria se realice en el Interior del país tiene gran significación. Sobre todo en momentos en que, por primera vez en la historia de los movimientos sociales en el país, una entidad de productores rurales muy representativa como la Mesa Coordinadora de Entidades Agropecuarias se dispone, según fuentes responsables, a resolver el apoyo a la acción pro referéndum impulsada por la izquierda y las organizaciones sindicales agrupadas en el PIT-CNT.

El hecho de que esta primera convoctoria se realice en la ciudad de Salto tiene además otras importantes connotaciones.

Por un lado, la otrora próspera –y hasta opulenta– ciudad litoraleña viene conociendo en los últimos años algunos de los frutos más amargos de las políticas neoliberales: endeudamiento catastrófico del sector pecuario y crisis agrícola, desmantelamiento del Establecimiento «El Espinillar» que daba trabajo y vida a una amplia región del departamento que incluía a Villa Constitución, Belén y la propia capital departamental, las dificultades del sector cítrico y el crecimiento general de la desocupación han instalado en Salto una problemática social que no se resuelve con pequeñas medidas de demagogia municipal.

La política del Estado-mínimo en Salto ha querido decir, con toda elocuencia, más dificultades para los trabajadores, para los productores rurales y para el pequeño y mediano comercio.

Todas esas insatisfacciones y demandas tendrán un cauce de expresión en la movilización que se inicia contra 13 artículos de la Primera Ley de Urgencia, cuyo espíritu apunta a ahondar las líneas de acción gubernista de raigambre neoliberal.

Hay una tercera y bien poderosa razón para que la acción cívica emprendida encuentre en Salto una particular acogida.

Salto es el primer lugar del país donde se está materializando una de las disposiciones de los artículos impugnados de la Ley de Urgencia: el que transfiere de las intendencias a UTE el cobro de la tasa de alumbrado público.

De acuerdo con las decisiones de las autoridades municipales de aquel departamento, la ciudad fue dividida en «franjas» y se estipularon los montos diferentes que habrán de pagar los moradores de las viviendas de acuerdo a la franja en que se los ha situado.

Como ha señalado el diputado Ramón Fonticiella: las primeras observaciones al criterio elegido han provocado reacciones de protesta pues consagran injusticias manifiestas.

Si bien el cobro no se haría en el mes de enero, y es posible que con la mirada puesta en bloquear el referéndum las autoridades aplacen la puesta en práctica de la Ley, el problema ya preocupa a muchos miles de familias que no encuentran fundamento racional a la franja que se les ha asignado.

Razón le asiste al secretario general de Fucvam, Gustavo González, cuando señala que planteado el problema «hasta el que apoya esta ley debería promover la consulta democrática a la ciudadanía».