Un revés del pensamiento único

A mediados de los años noventa, en pleno auge del neoliberalismo puro y duro, Ignacio Ramonet y otros intelectuales europeos de izquierda publicaron estudios críticos y fundamentados análisis sobre el nuevo orden económico mundial, en los que se lanzaba la alerta a propósito del predominio del «pensamiento único» del neoliberalismo.

Dichos trabajos resultaron de particular importancia para desnudar a los ojos de la opinión pública mundial los peligrosos axiomas de una ideología que servía de sustento doctrinario a los intereses de los grupos de poder más conservadores. Esos axiomas son suficientemente conocidos por los lectores, no obstante lo cual no está de más proceder a un pequeño repaso.

En primer lugar, la priorización del mercado como regulador de la vida económica y social, y el consiguiente desplazamiento del Estado. La desregulación laboral. La competencia y la competitividad que estimulan y dinamizan a las empresas. El libre intercambio sin límites. La división internacional del trabajo, que modera las reivindicaciones sindicales y baja los costos salariales. La privatización, y el predominio de la economía por sobre la política; o, dicho de otro modo, la supeditación de la política a los mandatos de la economía.

Hoy, a casi 20 años, muchos axiomas de estas «nuevas tablas de la ley» están bastante controvertidos pues la realidad ha demostrado en su aplicación práctica que no operan los milagrosos resultados proclamados por los defensores del pensamiento único; sin embargo, aún subsisten por estar firmemente arraigados merced al discurso machacón de los ideólogos del fundamentalismo neoliberal. Como ha dicho Ignacio Ramonet, «en nombre del ‘realismo’ y del ‘pragmatismo’, se ha colocado a la economía en el puesto de mando. Una economía libre, como es obvio, del obstáculo de lo social, especie de lastre patético cuyo peso causaría la regresión y la crisis».

Ese predominio de la economía sobre la política está detrás del reciente intento de modificar ciertos aspectos de la carta orgánica del Banco Central del Uruguay a fin de dotarlo de mayor autonomía y, sobre todo, de independizarlo del poder político, esto es, del gobierno y del Estado, algo similar a lo que ocurrió en Francia hace 14 años; citamos nuevamente a Ramonet: «Un instrumento tan importante en manos del Poder Ejecutivo como el Banco de Francia, en 1994 ha sido hecho independiente sin mayor oposición y de alguna manera se lo ha puesto ‘al abrigo de los riesgos políticos'».

Felizmente, la iniciativa de dotar de mayor autonomía al BCU fue desbaratada al tratarse en el Parlamento, de modo tal que el proyecto de ley original sufrió profundas modificaciones. El senador Alberto Couriel fue uno de los más firmes defensores del mantenimiento del estatus actual del BCU, cuyo directorio seguirá integrándose con miembros designados por el Poder Ejecutivo y que durarán cinco años en el cargo. En su contratapa habitual de los miércoles, el distinguido economista desarrolla su punto de vista al respecto, defendiendo el derecho inalienable de cada gobierno de trazar su política cambiaria y monetaria de acuerdo con sus convicciones y su programa.

Pero no sólo se puso freno al intento autonomista, sino que se incorporó a los objetivos centrales del BCU, además de la estabilización de precios, que fuera compatible con el crecimiento y el empleo. La incorporación de un concepto tan ajeno a la ortodoxia fondomonetarista implica otro revés significativo que sufre el pensamiento único del neoliberalismo para beneplácito de quienes crean la verdadera riqueza.