Por una ley justa

La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) quiere poner en conocimiento y para su reflexión, la verdadera situación de los ciudadanos perseguidos por el régimen de facto, que aunque pasaron 23 años de vida democrática, no se ha entendido la verdadera situación de angustia y de padecimiento que sufrimos, y que aún continuamos padeciendo, muy marcados por el terrorismo de Estado.

Hoy, habemos muchos que podemos contar los hechos, pero hay otros que no están, porque cayeron abatidos en la lucha por defender sus ideas, a estos los hemos enterrado.

Pero otros compañeros aún siguen desaparecidos, víctimas de crueles torturas, a manos de unos cobardes que se ensañaban con seres humanos atados de pies y de manos, encapuchados, y que luego de muertos, se completó la cobardía escondiéndose sus cadáveres. Aún no sabemos dónde están.

Se habló mucho en la comisión de la Conapro, donde estaban representados los tres partidos: blancos, colorados y Frente Amplio, de un compromiso de solución para todos los perjudicados por la dictadura, y dicha situación sólo se solucionó a medias, a los estatales (Ley Nº 15.783). A los militares patriotas que se opusieron a los milicos gorilas (Ley Nº 17.949).

Ahora abrimos un nuevo capítulo para un entendimiento que nos da una solución definitiva. Estamos convencidos de que las dos leyes que se dictaron son ambiguas, incompletas y restrictivas ya que no contemplan a todos.

Por todo lo expuesto es que solicitamos que se eliminen las trabas que dejan a cientos de compatriotas fuera del amparo de las leyes vigentes. Tal es el caso de los compatriotas que fueron liberados sin ser procesados, pero como todos sabemos, pasaron por la «máquina de la tortura». Otro caso es el de los compañeros que por no tener 10 años de aportes en el BPS no pueden ser amparados. Otros que luego de extensos interrogatorios, los dejaban «libres», pero con libertad vigilada, y debían presentarse a un cuartel una o dos veces por semana a firmar.

Tampoco podemos olvidar la existencia de las famosas Listas Negras en las que figuraban los nombres de los compañeros que por su constante lucha por los derechos de los trabajadores, eran considerados enemigos por las patronales reaccionarias.

Continuamos trabajando por una ley justa. Reclamamos a las autoridades la revisión de las restricciones que contiene la Ley Nº 18.033 referida a los 10 años de aportes al BPS, las edades para el cobro de la jubilación y la diferencia en las Bases de Prestaciones Contribuyentes para presos, exiliados y clandestinos. Así mismo reclamamos cumplir con el pacto de San José de Costa Rica.

Uruguay ratificó la Convención de 1951. La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, reunida con diferentes legisladores de todo el ámbito recoge la solicitud que éstos proponen de hacerles llegar cinco puntos que fueron de nuestro interés, para ser agregados a un documento que se está elaborando.

A continuación pasamos a enumerarlos: 1) Elevar las pasividades en una sola franja y a un equivalente de nueve salarios mínimos nacionales, sin discriminación. Hoy la Ley Nº 18.033 presenta los montos de 4 a 8,5 BPC.

Fundamentamos nuestro reclamo basados en que en 1973 los salarios eran de buen poder adquisitivo y que además se hace difícil encontrar los parámetros para aplicar a un 125% de ajuste a los sueldos que se percibían en ese entonces a los salarios de 2008, como se hizo en su oportunidad con la Ley Nº 15.783 de los empleados públicos.

Si acompasáramos todos los años con los ajustes porcentuales, nos redundaría en una mejor pasividad, muy superior a la que estamos planteando en esta oportunidad. Pensamos que los factores que quebraron el buen salario que percibíamos en la actividad privada no deben ser la causa que impida hoy cobrar una mejor jubilación.

2) Admitir todos los medios de prueba que san aceptados por las leyes uruguayas y eliminar las trabas que impiden acogerse a la Ley Nº 18.033, como edad, aportes al BPS y acto Nº 9.

3) Indemnizar por los períodos de tiempo pasado desde 1985 a 2006 en 15.000 dólares sin discriminar a presos, exiliados, clandestinos y destituidos.

4) Atención gratuita en el Sistema de Salud.

5) Otorgar un préstamo de $ 300.000 sin intereses a pagar en 10 años. En el pasado hay antecedentes de que a gremios en huelga se les otorgaban préstamos por parte del Banco República.