Ahora y después de la ley… ¿qué?

El «debate» sobre la educación cada vez se reduce más al gobierno de la educación pública. Viene en caída libre el debate educativo sobre los contenidos propios de qué queremos y cómo lograr la educación que Uruguay necesita hoy con miras al futuro. Lo central y definitorio pasó a ser la estructura legal del sistema. Este aspecto importa, pero en educación lo sustancial es educar. Todo lo demás es concurrente a esta finalidad primordial.

Por eso la pregunta: ¿qué hacemos, ahora, mientras discutimos? La información es modesta, necesitamos saber más y mejor de los logros.

Después de sancionada la ley, ¿tenemos claro el proyecto pedagógico a realizar? Buenas iniciativas como el Plan Ceibal y los maestros comunitarios tuvieron origen fuera del sistema. Tímidamente se da como noticia incorporar el ajedrez a la educación, y … ¿qué más?

El «debate» quedó circunscrito al «diálogo» entre el gobierno y los sindicatos, con algunas viñetas de la oposición y una tenue presencia de la opinión pública.

Los contenidos educativos desaparecieron del debate real para enfrascarse en el tema del reparto del poder en la gestión administrativa del sistema. En este campo, lo que aflora como central es lo relacionado con la autonomía y el cogobierno.

Estos dos postulados son muy significativos para la tradición educativa uruguaya. Se defienden como dogmas nunca evaluados ni reconsiderados a la luz de nuevas circunstancias políticas y sociales. Su principal amarre parece ser que esto es intocable porque siempre fue así. (¿Siempre fue así?) O sea, la muerte de la razón crítica.

De fondo se enfrentan dos concepciones políticas: el corporativismo y la democracia representativa. El corporativismo tuvo su surgimiento y apogeo en la Edad Media significando un avance de los gremios frente a la arbitrariedad del sistema feudal. La concepción republicana-democrática buscó reformular la teoría del poder basada en la soberanía popular que se expresa en la representación política que organiza al Estado de acuerdo a un pacto social expresado en la Constitución.

El último estertor del corporativismo se pensó que fue el gobierno franquista, muerto pero por desgracia insepulto. No cabe duda, hoy, antes y después del «debate» la educación es un «asunto de Estado». Es decir, el sistema educativo nacional es una temática a legislar por los representantes legítimos de toda la soberanía popular. El sistema político tiene la obligación, evaluable cada cinco años, de atender las aspiraciones y reclamos de la sociedad. ¿Quién interpreta y expresa a los cientos de miles de «usuarios» del sistema educativo? ¿Quién puede ser juzgado por el pueblo, atribuyendo responsabilidades?

La pretensión de las corporaciones de hacer sentir su opinión es legítima como toda expresión minoritaria debe ser escuchada en la sociedad democrática. Pero no puede arrogarse la pretensión de sustituir el acuerdo social fundamental del sistema republicano de gobierno.

Por supuesto que deben ser reconocidas y ponderadas las calidades y solvencias (técnicas o científicas) de las opiniones o presiones en juego. Mientras todo esto se discute ¿quién se preocupa de nuestros niños, adolescentes y jóvenes? La tensión y atención tan centralizada de estos últimos tiempos en estos asuntos extraaula pueden hacer perder de vista lo fundamental: nuestras generaciones de niños y jóvenes que siguen creciendo y «educándose» hoy. El crecimiento no espera. Luego no hay replay. Lo que no se haga hoy no se acomodará mañana.

Sigue vigente, con los instrumentos legales que hoy tenemos, generar más autonomía en los centros educativos: escuelas y liceos. Proponer mayor participación de los distintos estamentos en los centros educativos: docentes, funcionarios, alumnos, padres con directores e inspectores. Generar mecanismos de opinión que busquen el adecuado y posible cogobierno en las bases educativas.

Estimular el «efecto establecimiento» es decir la necesaria adhesión de los actores escolares y liceales en la resolución de los problemas comunes y formulación de los planes de centro y su concreción.

Es necesario implementar ya la descentralización administrativa, la simplificación de los trámites.

Permitir e impulsar el liderazgo docente e institucional de los directores y sus equipos directivos o coordinadores. Proponerse, seriamente, revitalizar la imagen del centro educativo con acciones de extensión barrial. Hacer de la escuela un centro de desarrollo e irradiación cultural como nos enseñó Julio Castro.

Incentivar la formación permanente de los docentes. Revertir el malestar docente con la concentración de horas, aunque no todas sean necesariamente de aula. El centro educativo siempre necesita sus «horas libres» (las que no dicta en el aula) de los docentes: para entregar su experiencia informalmente, para apoyo en las ausencias imprevistas de colegas, para que los alumnos no tengan «puentes» innecesarios u horas perdidas, por su apoyo a la gestión…

Atender la mejor ubicación del profesional para su mejor desempeño. Por supuesto que el tema salarios y recursos, con los avances actuales, debe estar permanentemente en la atención de los sindicatos y el sistema.

Crear la función de Administrador o Intendente, de modo que con criterios técnicos y encuadre educativo se aborden localmente los problemas edilicios que afecten la convivencia y el buen funcionamiento.

Lo que importa es el hoy y no poner trabas para el desarrollo futuro. Es un acierto que se haya dejado de pensar en legislar para los próximos treinta años. Quien pensó aquel absurdo pedagógico no leyó aquel graffiti que dice: «la vida puede más…» Sigamos trabajando para lograr educar hacia un Uruguay productivo y solidario.