Aborto: los diputados tienen la palabra

Han transcurrido 23 años desde que el Uruguay recuperó la institucionalidad democrática, su régimen republicano y sus libertades. En 1985 salimos, por fin, de la larga noche dictatorial, que no sólo reprimió con brutalidad, encarceló opositores, los torturó, los hizo desaparecer, los asesinó, sino que llevó adelante un plan de gobierno de neto corte conservador, económicamente liberal y antiliberal en el plano social y cultural.

Hace 23 años, en marzo de 1985, las expectativas eran muchas, y muchas de ellas se fueron cumpliendo con el correr del tiempo. No obstante, otras tantas fueron prolijamente sepultadas. Entre estas últimas, además de todo lo referente al terrorismo de Estado, quedó por el camino una demanda de grupos feministas que pronto fue favorablemente acogida por los sectores lúcidos de la sociedad: la necesidad de despenalizar el aborto.

Hubo proyectos presentados al Parlamento que, por una u otra razón, no prosperaron y fueron cuidadosamente archivados. Vino luego un largo período de silencio hasta que en 2004 una nueva iniciativa, esta vez con apoyo de sectores de todos los partidos, fue presentada al Parlamento. La llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, además de abordar y resolver un sinfín de asuntos relativos a la condición de la mujer, incluye la despenalización del aborto en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones.

Como se recordará, aquel proyecto resultó aprobado en Diputados pero naufragó al tratarse en el Senado. Como el impulso a favor de la despenalización del aborto no se ha debilitado, el proyecto ­con algunas modificaciones­ volvió a ser presentado en la presente Legislatura. Luego de marchas y contramarchas, de idas y venidas, de cabildeos y de consultas, el Senado aprobó el texto con los votos frentistas más los de Julio Lara y Julio Sanguinetti. El proyecto se encuentra, pues, a estudio de la Cámara Baja desde hace meses, y mientras las organizaciones anti-abortistas ­que en su mayoría tienen vínculos con organizaciones religiosas­ redoblan su militancia contra la ley, sus impulsores tampoco cejan en su esfuerzo ante la perspectiva de que se produzcan cambios de parecer entre los legisladores.

No es nuestra intención reiterar toda la argumentación a favor de la ley. Digamos simplemente que las mujeres tienen el más absoluto e irrestricto derecho de decidir sobre su propio cuerpo; que no está probado que la vida comience en el momento de la concepción; que la criminalización del aborto ha resultado de nulo efecto disuasorio pues siguen practicándose abortos, con la diferencia de que se realizan clandestinamente; vinculado con esto último se ha instalado una injusticia repugnante ya que las mujeres de clase acomodada recurren a clínicas clandestinas de buen nivel para interrumpir su embarazo en correctas condiciones de higiene, mientras aquellas de hogares de menores recursos corren serios riesgos al practicarse el aborto en condiciones de dudosa higiene y sin la garantía de que el profesional que las atiende tenga la formación profesional necesaria.

Creemos que ya es tiempo de que la sociedad uruguaya, y particularmente la clase política deje de lado definitivamente viejos y absurdos prejuicios que no hacen sino fomentar la hipocresía. Las encuestas son coincidentes en cuanto a que una holgada mayoría de nuestra población es contraria a que la interrupción del embarazo sea considerada delito, por lo que los representantes nacionales deben asumir su compromiso y resolver de una vez un problema debido a concepciones ya perimidas y de fuerte impronta religiosa.

Y si consideran que el asunto es delicado y que hay que respetar todos los puntos de vista, pues que busquen los mecanismos para que el texto sea sometido al veredicto popular de modo que sea el soberano quien decida.