Situaciones parecidas en España y Uruguay

La inminente realización de elecciones generales legislativas en España ha puesta en la orden del día también en ese país la cuestión de la utilización de la televisión por parte de los distintos partidos.

Y, aunque en un contexto institucional y político completamente distinto, del mismo modo que dos misiones de observadores internacionales condenaron la política de monopolio y exclusión desarrollada por el gobierno semidictatorial de Alberto Fujimori en el Perú, en España han surgido fuertes protestas de parte de todas las entidades políticas que no son el oficialista Partido Popular liderado por el presidente del gobierno, José María Aznar.

El pasado 15 de febrero, todos los partidos, incluyendo algunos que han venido apoyando al Partido Popular en las Cortes, han denunciado la actitud de la Televisión Española con relación a la campaña electoral en curso.

Además de los partidos de izquierda, que comparecerán juntos, PSOE e Izquierda Unida, se han sumado los nacionalistas catalanes del CiU, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacional Gallego y la Coalición Canaria.

Todos estos partidos, la totalidad del arco político fuera del oficialismo más estrecho, presentaron sus demandas ante la Junta Electoral Central para que «este organismo tome medidas inmediatas a fin de que cese la violación sistemática del principio de respeto al pluralismo político y social y se garantice la neutralidad informativa«, tal como lo informa el diario El País de Madrid.

En el petitorio, firmado por todos los partidos parlamentarios, excepto el gobernante PP, se pide que la junta electoral tome las medidas necesarias para garantizar una presencia equilibrada de las distintas fuerzas políticas.

Los partidos solicitantes acompañaron su demanda con las conclusiones de distintos estudios referidos al tiempo que la TVE otorga a las distintas propuestas electorales.

Las mediciones, realizadas por empresas especializadas en la materia, apuntaron a determinar la presencia en los telediarios, en un período de seis horas (entre 15.00 y 21.00) durante varios días a comienzos de este mes.

Según esta medición, un solo partido, el PP (del presidente Aznar) acapara más del 62% del espacio disponible. En el otro extremo, dos de las formaciones resultan absolutamente excluidas de estos informativos (los partidos nacionalistas catalán y gallego).

El PSOE obtiene el 22.44% en tanto Izquierda Unida alcanza el 11.99% del espacio. El PNV (nacionalismo vasco) obtiene el 2.79% mientras que los demás partidos aparecen con 0%.

Hasta aquí la realidad tal como la denuncian seis partidos en la España de hoy.

¿Cuál ha sido la realidad en ese campo en el desarrollo de las campañas electorales en Uruguay?

Aunque el virtual monopolio por parte de los partidos del gobierno fue en nuestro país más grave que el que hoy se denuncia en España, en nuestro país no se consiguió dar demasiados pasos para evitar que esa situación terminara por incidir en los resultados electorales.

Pese a que se denunció desde distintas fuentes, el grupo oligopólico que controla los medios mantuvo su inamovible decisión de apoyar al poder que los sustenta.

Mediciones informales pero precisas situaron, en los días previos al cierre de la segunda vuelta del balotaje, una proporción de seis y hasta de siete a uno a favor del candidato continuista.

Proporción que –como se puede apreciar– deja muy atrás la abusadora utilización que viene haciendo uso el gobierno de Aznar.

El debate tiene un punto del mayor interés y esto también aparece en la información que procede de España, las seis formaciones políticas excluidas, que son mayoría en el Parlamento español, han anunciado su intención de promover nuevas leyes que garanticen el acceso plural (política y socialmente) a los medios televisivos.

Sobre la cuestión se habló oportunamente y la instalación de la nueva legislatura puede ser la oportunidad de incorporar en la agenda de la democracia uruguaya la necesidad de una ley que termine con el oligopolio manipulador que controla buena parte de la información en el país.