Derechos humanos, un balance satisfactorio

Los avances en materia de derechos humanos que este gobierno ha impulsado han permitido que el país diera un importante salto adelante en la materia y sea contemplado de otra manera, en todo el mundo. Ha primado siempre el respeto por las personas, por la comunidad, la búsqueda de una mejora importante en la calidad de vida de todos los uruguayos y siempre, utilizando el diálogo, la persuasión y cuando se puede el consenso, como método de trabajo. A pesar de ello, algunos compatriotas no han logrado captar lo mucho que se ha avanzado, a pesar de los errores que con seguridad se han cometido y de las limitaciones que toda obra humana tiene.

En primer lugar, convengamos que llevar adelante políticas para aumentar la oferta de trabajo, para que sea calificado, mejorar y universalizar la oferta de salud, la oferta de educación, viabilizar el acceso a las modernas tecnologías de niños y hogares que si no fuera por ese medio no lo podrían hacer, inculcar en la medida de las posibilidades el hábito de trabajo en aquellos sectores que han sido desplazados por políticas «de mercado», mejorar la capacidad de negociación salarial de los trabajadores (siempre son la parte más débil en la relación empresario-trabajador), aumentar sustancialmente las jubilaciones y prestaciones para los adultos mayores, y podríamos seguir enumerando unas cuantas realidades más, todas ellas también forman parte de lo que en el mundo se entiende como defensa de los derechos humanos. Todo aquello que busque mejorar la calidad de vida de la población, todo lo que busque que «los más infelices sean los más privilegiados», se enmarca en la defensa de los derechos humanos.

Pero si profundizamos en el tema, hay un capítulo especial donde se ha avanzado de manera sustancial y esa es la investigación de las violaciones por parte del Estado a los derechos humanos, utilizando el terrorismo que es posible desatar por parte del aparato estatal. Comencemos por señalar que se ha caído el velo, aquello que se sostuvo, rasgándose las vestiduras por lo que había sucedido en Argentina y Chile, que «acá esas cosas nunca sucedieron». Ese verso no va más. Ahora sabemos que sí sucedieron y que quienes afirmaban públicamente que nunca habían sucedido estaban al tanto de que sí habían sucedido. Esto ha sido un paso fundamental. Hubo «connotados demócratas» que en nombre de la democracia realizaron o permitieron (alentaron) que se cometieran hechos incalificables. Un segundo elemento positivo es que el Artículo 4 de la Ley de Caducidad, que los anteriores gobiernos nunca accedieron a cumplimentar, ahora ha permitido que nos arrimemos a la verdad (aunque falta mucho aún por saber). La Ley 18.033, que contempla una pensión reparatoria para ex presos políticos y asegura para exiliados un mínimo jubilatorio, es otro paso. Tal como se señaló cuando su aprobación, es actualmente objeto de modificación para contemplar a todo el universo que ha sufrido vejámenes. En realidad, se busca adecuar la ley a lo que está resuelto por la Asamblea de las Naciones Unidas: contar con una ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado que es mucho más abarcativa que la actual que se basa en una remuneración económica (y que no abarca el universo de víctimas).

El nuevo proyecto es más generoso, incluyendo a quienes estuvieron encarcelados o fueron víctimas del terrorismo antes de 1973, a los familiares de los desaparecidos, etc. Aunque continúa siendo restrictivo en torno a los ingresos actuales que se perciben para poder acceder a dicha pensión (que pasaría a ser una indemnización) y en cuanto a la obligación a renunciar a una jubilación. De todas maneras, el nuevo proyecto de ley se acerca mucho más a lo decidido en la ONU. Otro aspecto no menor y que resulta una novedad para nuestros jóvenes es el Escuadrón de la Muerte. Se trata de una realidad de la cual no tenían noticia sobre su existencia. Ahora comienza a conocerse y tiene un aspecto por demás interesante: lentamente nos vamos acercando a la actuación de los civiles durante el período de terrorismo de Estado, quienes no están amparados por la Ley de Caducidad y pueden ser juzgados por sus hechos, como ya ha sucedido con Bordaberry y Blanco. Hasta ahora esta investigación ha estado en el debe. A modo de síntesis, el avance alcanzado respecto a cuatro gobiernos de la derecha es impresionante. Pero, como el camino recién comienza, hay aspectos a ajustar que, con seguridad, se irán concretando.