La crisis sigue golpeando al país productivo

Según se informó en nuestra edición de ayer, se supo que en los últimos tres años un total de seis mil productores rurales se dieron de baja como empresarios del Banco de Previsión Social; de ellos, dos mil son productores lecheros (tamberos).

Los números –con esa objetividad glacial que les es propia– son de una elocuencia abrumadora pues permiten –aun al observador menos avisado– la inmediata lectura de una realidad socio económica que sigue causando los peores estragos.

La primera reflexión que se impone es que no se trata de seis mil individuos sino de seis mil familias o empresas familiares que han sido afectadas por la crisis. Y desde el punto de vista humano, la cosa no se detiene aquí: están los asalariados rurales que trabajaban en esos pequeños y medianos establecimientos y que han perdido su fuente laboral; de acuerdo con los cálculos, el número de estos últimos llegaría a trece mil.

¿Qué les ofrece el modelo a estos uruguayos? ¿Qué perspectivas asoman en el horizonte de estos compatriotas expulsados de su medio y obligados a encarar otra actividad? ¿Se les sugerirá que hagan cursos de computación o de hotelería?

En la entrevista con Ubaldo Delgado –directivo de la Asociación de Remitentes a Conaprole– publicada ayer, este pinta un panorama alarmante de la situación que atraviesa el sector lechero. Y plantea la problemática con claridad: «Si seguimos remendando, no saldremos del estancamiento. No podemos seguir reclamando un corrimiento cada seis meses si sabemos que estaremos peor». La reflexión es de una lógica de acero y demuestra hasta qué punto la política a veces errática y a veces francamente negativa que ha caracterizado a las últimas administraciones ha venido provocando un deterioro del aparato productivo que costará ingentes esfuerzos revertir. Mientras el gobierno permanezca cruzado de brazos contemplando cómo se derrumba el país productivo y sólo ocupado por desregular, abrir el mercado y desmonopolizar empresas públicas, la riqueza del país, la base sólida sobre la que se edificó toda la economía uruguaya desde los tiempos de la patria vieja, seguirá sufriendo el inexorable proceso que la llevará a la ruina.

De acuerdo con lo que apunta Delgado, se ha producido un desfasaje entre lo que cuesta producir un litro de leche industria (14 centavos de dólar) y el precio que pagan las empresas lácteas a los productores (10 centavos de dólar). No sería de extrañar que algún pope del neoliberalismo, de esos que suelen pontificar desde sesudos editoriales, sostuviera cualquier día de estos que la producción de leche es inviable en Uruguay y propusiera, en consecuencia, importarla. El caso del azúcar puede ser un peligroso precedente.

Mientras desde todos los sectores de actividad se reclama al gobierno que tome las medidas necesarias para salir de la dramática situación, las únicas propuestas apuntan a exoneraciones tributarias. No está mal que se reconsidere la política fiscal, pero todos saben –lo expresaba Goy Viera Silva en su última columna– que no son los impuestos los culpables de la crisis sino que como consecuencia de esta, se torna imposible a los productores hacer frente a sus obligaciones fiscales.

Las soluciones pasan por un compromiso del Estado que implique asistencia técnica y apoyo financiero a quienes generan la riqueza.

De eso se trata, y no de seguir desmantelando el Estado como forma de atraer inversores.