Un paro contra el gobierno progresista

Se ha anunciado un paro general nacional de 24 horas para el próximo miércoles 20. Es la primera medida sindical de ese porte durante la presente administración de izquierda, y fue resuelta por una amplia mayoría de gremios que se alinearon con las posturas radicales, dejando en minoría a los sectores moderados.

Bien conocida es nuestra posición favorable a las reivindicaciones y a las luchas gremiales por considerar que los asalariados están históricamente en desventaja ante el patrón, sea este un particular o el propio Estado. Por otra parte, bueno es recordar la coincidencia de puntos de vista y de propuestas que tradicionalmente han exhibido la central sindical y los partidos de izquierda en el Uruguay, al punto que, como bien apunta Constanza Moreira, el Frente Amplio puede considerarse la expresión política del movimiento sindical.

No bien llegada al gobierno, la coalición de izquierda tomó medidas tendientes a contemplar tradicionales aspiraciones de los asalariados. Se instalaron los consejos de salarios que habían dejado de funcionar durante el gobierno del doctor Lacalle, se derogó el decreto que permitía a la Policía desalojar los locales ocupados por medidas gremiales, se legisló en materia de salvaguarda del fuero sindical y se empezó a vigilar estrictamente las condiciones laborales. Independientemente de todas estas medidas concretas, comenzó una lenta pero firme recuperación del salario: aumento del salario mínimo, incremento del salario real y aumentos sustanciales a los sectores públicos más deprimidos. El desempleo sigue bajando y se apunta a la creación de fuentes de trabajo sólidas.

En este panorama auspicioso, la conflictividad laboral, empero, no cesó. Pero lo curioso del caso es que son los gremios de la administración pública los que observan un comportamiento más intransigente en sus reclamos. Sin contar el caso extremo de Adeom, un sindicato con una larga trayectoria de desbordes y desatinos, varios gremios estatales se han sumado a una guerra sin cuartel contra el gobierno progresista, que se ve, así, acosado entre dos fuegos: los empresarios y las clases conservadoras, por un lado ­que ponen el grito en el cielo por las medidas favorables a los trabajadores­ y, por el otro lado, la intransigencia cerril de gremios que actúan corporativamente.

Trabajadores de la enseñanza pública, funcionarios de la Administración Central y otros sectores, vienen librando una lucha radical contra el gobierno, exigiendo mucho más de lo que razonablemente el gobierno puede dar y soslayando lo que ha dado hasta ahora. El gobierno no puede sensatamente otorgar mayores beneficios so riesgo de causar un descalabro en las cuentas públicas y la consiguiente inestabilidad social y política.

El gobierno del doctor Vázquez recibió un país malherido por la crisis de 2002 pero sobre todo maltrecho por decenios de políticas neoliberales. Ante esa realidad, resulta impensable para cualquier espíritu racional que se pretenda llevar a cabo la revolución social en cinco años. Aun así, los cambios efectuados por el gobierno actual pueden catalogarse de revolucionarios teniendo en cuenta el perfil conservador de la sociedad uruguaya.

Un paro general nacional de 24 horas es una medida extrema que debe reservarse para coyunturas especiales, porque va dirigida no contra una determinada patronal sino contra el gobierno. El último paro general nacional de 24 horas fue en agosto de 2003, y su plataforma incluía aumentos salariales, trabajo digno, jubilaciones decorosas, negociación colectiva y defensa del patrimonio nacional.

Todos y cada uno de tales reclamos han sido satisfechos por el gobierno progresista, en la medida de sus posibilidades, claro está. Pero los gremios triunfantes ningunean todo lo positivo y prefieren seguir en su camino de enfrentamiento al gobierno aunque la derecha se regocije por ello.