Uruguay como paraíso de la oligarquía argentina
Una muy interesante contratapa de LA REPUBLICA del lunes 21 de julio a cargo de Constanza Moreira, describe con ajustada síntesis los ejes centrales del reciente conflicto de poder en torno a la cuestión agraria en la Argentina, arribando a algunas tímidas conclusiones respecto a su propio país. La incitación a este debate comparativo siempre a riesgo de resultar parcial o simplista no deja de ser estimulante.
La autora logra articular claramente dos grandes dimensiones del problema. Por un lado la dinámica política, con sus complejas y en ocasiones inesperadas convergencias y resistencias, la apropiación de métodos heterodoxos de lucha, mientras por otro, el modelo del país resultante del patrón de acumulación del, así llamado, agronegocio, a través de la capacidad o incapacidad del Estado de instrumentar políticas y disposiciones económicas.
Una disgresión respecto al término agronegocio, ya que, gracias al sentido común dominante, terminó superando su original carácter pedestre y hasta peyorativo, para instalar una cabecera de playa en la mismísima vida académica. Una maestría de la facultad de Agronomía de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, se titula agronegocios y alimentos. Por el momento la Sociología no ha pasado a llamarse socionegocio ni la historia retronegocio. Mas la explotación de la naturaleza hasta su extenuación, ya no requiere de maquillajes ni pudores.
En el primer aspecto del problema, lejos de encontrar simetrías, sus diferencias resultan elocuentes. La especificidad de los modos de articulación política de la derecha argentina, su audacia y desmesura, sus disfraces, su inagotado imaginario de vindicta, no guardan relación alguna con la realidad y las tradiciones orientales.
La derecha uruguaya no se alía con piqueteros, ni escarba en la vida privada de los protagonistas. No organiza cacerolazos, ni corta rutas. No es en este plano en el que puedan encontrarse mayores insumos para fundar los puentes que toda la analogía requiere. Difícilmente otros países puedan reunir en cuestión de meses al puzzle desmembrado de intereses acotados y personalismos mediáticos, ganar las calles, aventar los silencios enigmáticos de la vida cotidiana urbana, vencer abrumadoramente en la batalla mediática imponiendo de este modo las líneas directrices del mapa del sentido común, al punto de concitar la aquiescencia y hasta en ocasiones el apoyo de las víctimas de su presión desabastecedora e inflacionaria.
Tampoco puede compararse la ausencia argentina de izquierdas influyentes y articuladas y la liberación uruguaya respecto a la existencia del omnisciente, enigmático, suturante y plurifuncional peronismo. Por último, no se halla aquí el autoritarismo, la ausencia de fundamentación y persuasión de la naturaleza y finalidad (indiscutiblemente justa en el caso de la iniciativa gubernamental argentina) de las medidas adoptadas por su poder ejecutivo.
Cristina Fernández no perdió por la traición de su vicepresidente ni el problema se dirimió efectivamente en el Senado, sino en la arena de la comunicación social donde exhibe una torpeza tan sorprendente como su soberbia.
Es así que el interés comparativo se reduce a la axialización problemática que para el sur de América Latina supuso esta confrontación en el plano del patrón agrario de acumulación de capital, poniendo en el centro del debate la naturaleza de los problemas sociales y económicos que el modelo de agronegocios vigente y en franca expansión supone.
El decreto de la presidenta argentina no lo ponía en cuestión raigalmente: apenas rozaba su epidermis. Se trataba solamente de una moderada iniciativa para contener parcialmente el flujo de riquezas concentradas que la coyuntura económica internacional le ofrecía a los dueños de la tierra como para compensar parcialmente los daños sociales, económicos y ecológicos que tal modelo productivo conlleva.
La desprolijidad e incapacidad argumentativa antedicha, ayudó políticamente a incrementar la válida sospecha de que los recursos tendrían un destino menos redistributivo y más reforzatorio del estilo clientelista y corrupto de gobierno. Es decir a eludir efectivamente el centro del debate.
El primer punto que pone en cuestión la conflictiva situación argentina es acerca del beneficio social de este tipo de inversiones productivas que se hace a costa de la destrucción de empleo, de la dependencia de los precios internacionales de los commodities y la degradación ambiental. Mil hectáreas de producción de soja transgénica (RR) requieren de un solo trabajador permanente y si la escala de producción es mayor, el nivel de empleo será menor aún.
En otras ramas agropecuarias, la ganadería quintuplica como mínimo ese nivel de empleo y la lechería lo decuplica. Obviamente una política reformista no puede rechazar la inversión capitalista, sino por el contrario, alentarla, pero a condición de que devuelva parte de los beneficios mediante la creación de empleo, uno de los posibles medios redistributivos de la riqueza generada.
El segundo es la incidencia que la constitución del valor de la fuerza de trabajo (es decir, en la masa de medios de subsistencia adquiribles mediante el salario) tiene el patrón de acumulación agrario y particularmente la distinción entre precios internos y precios internacionales, algo que en Uruguay resulta inhallable. ¿Cuál es en este caso la contribución alimentaria de una producción forrajera como la soja o el maíz transgénico por siembra directa y uso intensivo de agrotóxicos destinados a la exportación? ¿En qué medida abaratan o facilitan la alimentación de las poblaciones? El hecho de que los forrajes no sean consumidos por humanos, no implica que no tenga consecuencias en el precio de los insumos básicos como la carne, las verduras, y el resto de los frutos de la naturaleza.
Resulta paradójico que las demandas radicales de la derecha argentina encuentren su satisfacción en la realidad económica oriental. No ya por el desarrollo de Punta del Este y las facilidades de amarra de su puerto. Sino porque las políticas por las que articularon su coyuntural unificación en la lucha son las vigentes de este lado del río.
Un país con precios internacionales pero con salarios latinoamericanizados. Un país en el que las fronteras agrícolas y con ellas sus trabajadores rurales se desplazan libremente al ritmo de la inversión en producción primaria de altísima composición orgánica de capital como el eucalipto y la agricultura transgénica de siembra directa hasta arrastrarlos a la diáspora o la condición de parias urbanos.
Argentina tuvo un crecimiento de cinco años consecutivos a tasas prácticamente chinas, porque, entre otras cosas, logró atenuar parcialmente los impactos, chantajes y condicionamientos del «mercado mundial». Buenos Aires es hoy un atractivo turístico por mucho más que su vida nocturna, su arquitectura o su producción y diversidad cultural. Es hoy una ciudad shoping, a la que acuden alborozadas, las clases medias limítrofes, en desmedro de sus propios mercados. Un país barato para decirlo sin ambages.
La oligarquía argentina añora hoy el paraíso uruguayo. Un país con precios internos internacionales, sin retenciones a las exportaciones, con tierras por el momento más baratas que las de su orilla, en proceso de expansión creciente de la frontera agrícola. Una plaza financiera segura. Un país, dicho así, para muy pocos uruguayos. Probablemente por eso esta oligarquía sojera argentina sea un componente importante del proceso de extranjerización de estas tierras, aunque aún carezcamos de los datos estadísticos indispensables para corroborarlo.
No se trata de anteponer una exigencia revolucionaria allí donde no hay propósitos ni condiciones reales de transformación radical. No nos oponemos al progresismo, sino por el contrario, creemos que el reformismo puede aliviar muchos de los padecimientos y miserias de la vida capitalista, hasta
que puedan pensarse colectivamente mejores horizontes. ¿Pero puede existir un reformismo sin reformas? Pareciera que la cuestión agraria lo desmiente.
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