Reclamos justos, medidas extremas

Mientras el gobierno da los toques finales a la nueva Ley de Educación antes de enviar su texto al Parlamento, los gremios de la enseñanza llevan a cabo una intensa movilización en reclamo de cuestiones vinculadas con el presupuesto para la educación y en especial en reclamo de mejoras salariales.

 

Desde estas páginas hemos sostenido tradicionalmente una postura favorable a las reivindicaciones de los asalariados en general, al tiempo que hemos señalado reiteradamente la necesidad de que los sueldos docentes –que son, junto a los del ministerio del Interior, el MSP y el Poder Judicial los más sumergidos de la Administración Pública– se incrementen a niveles de decoro.

Independientemente de la injusticia que conlleva el bajo nivel de remuneraciones a los docentes, es uno de los elementos que conspiran contra la calidad de la enseñanza que se imparte. De esa multitud de profesores y maestros que deben cumplir jornadas extenuantes dando clases en instituciones públicas y privadas para llegar a reunir un ingreso más o menos aceptable no podemos esperar un desempeño óptimo; y quienes sufren directamente las consecuencias de ese esfuerzo agotador son los educandos, que ven así menoscabado su derecho a educarse.

 

Por otra parte, esa misma realidad de salarios sumergidos es una de las razones que llevan al deterioro de la imagen del docente ante la sociedad. No hace mucho tiempo, maestros y profesores gozaban de un incuestionable y merecido prestigio social que generaba el respeto unánime de sus conciudadanos. Hoy en día los docentes son vistos casi con desprecio, y son frecuentes los casos de agresiones verbales (y a veces físicas) de parte de padres de alumnos que discrepan con alguna decisión del maestro. Aclaremos que en este aspecto también juegan factores culturales que hacen a una depreciación de los valores en la sociedad actual, pero las bajas remuneraciones no son ajenas al fenómeno.

 

De modo que la justicia de los reclamos salariales de los docentes está fuera de discusión. No obstante, debemos señalar un hecho incuestionable. Más allá de la realidad descrita y de la incidencia innegable del bajo nivel salarial en esa percepción, lo que la población percibe es el ausentismo de los docentes, sobre todo de los profesores de Secundaria. Es que tan evidente como que sus salarios son bajos, lo es que las inasistencias registran un altísimo porcentaje.

 

Y lo mínimo que padres y ciudadanos en general esperan del sistema educativo es que los educadores no falten a clase, o que lo hagan en circunstancias excepcionales. Además de lo que significa la inasistencia de un docente en lo que tiene que ver con el cumplimiento del programa (interrupción de la corriente de información, atraso, posibilidad de que los temas sean tratados superficialmente), la falta a clase de un profesor es una señal particularmente negativa para la formación de los jóvenes.

 

El docente es un modelo, un ejemplo para los estudiantes, y debe convertirse en un paradigma que no sólo imparte conocimientos, sino que también tiene la función de inculcar valores, por lo que tiene que comportarse de modo tal que su autoridad ante sus educandos no sea impuesta, sino que surja naturalmente.

 

Ahora bien, si a ello sumamos las medidas gremiales que actualmente se llevan a cabo –detención de tareas, paros, huelgas, campamentos y otras movilizaciones–, los docentes corren el riesgo de ver disminuidos su prestigio social y su imagen ante la sociedad. Sobre todo teniendo en cuenta que sus reclamos, por justos que sean (y lo son) no tienen en cuenta la mejora salarial objetivamente innegable que han logrado bajo el gobierno actual.