Informalismo en el compromiso nacional

El gobierno presentó días atrás en el Compromiso Nacional sobre Inversión, Producción, Empleo e Ingresos, algunas líneas estratégicas para encarar el informalismo en nuestro país. Se trata de una realidad en la que conviven pequeños empresarios, a veces no tan chicos, y trabajadores, ejerciendo los más diversos oficios, en ambos casos excluidos de la protección social. Algunos porque así lo han decidido. Otros, la mayoría, porque no les queda otra, al formar parte de un submundo en el que, recordando a Dominique Lapierre en La Ciudad de la Alegría, «a veces se les contrataba, otras se les despedía, volviéndoseles a contratar», generando tal inseguridad que desembocaba en una «conspiración generalizada para burlar la ley».

Fenómeno dinámico y de gran magnitud, que impacta en las Relaciones Laborales, generando competencia desleal, y en el que coexisten la informalidad de subsistencia, y otra, de escape, impulsada deliberadamente por ser funcional a quienes privilegian la ganancia por encima de cualquier otro parámetro. Por su complejidad no existen estrategias únicas para encarar el fenómeno en toda su multidimensionalidad. Por el contrario, flexibilidad y gradualidad son esenciales

Diversos son los enfoques ideológicos y políticos al respecto. Increíblemente, Vargas Llosa y seguidores nos dicen que el trabajo informal es el principio de la reconquista, por iniciativa de los marginados, de la noción de libertad de nuestra economía, ¡constituyendo una etapa del proceso de desarrollo! Que es lo mismo que decir que es ¡inevitable! Otros en cambio lo combaten, pero sólo piensan en sanciones y represión. Rechazamos totalmente el primer encare. Consideramos parcial el segundo.

Una estrategia nacional debe sustentarse en valores sustanciales, ineludibles. En primer lugar, destacando que el trabajo es un derecho humano fundamental, que al ocupar un lugar central en la sociedad, no sólo por los ingresos que proporciona, sino por su contribución a la dignificación de las personas, exige políticas de Estado, enfoques integrales, interinstitucionales, centralizados y locales.

En segundo término, si bien el objetivo de la formalización conlleva aspectos tributarios sustantivos para la sustentabilidad político-institucional de la sociedad, cabe recordar que la meta fundamental de cualquier estrategia al respecto es no sólo recaudar, sino promover la inclusión social de los excluidos, fortaleciendo redes de protección social, tratando de corregir exasperantes desigualdades.

En tercer lugar, corresponde de plano rechazar el unilateralismo del segundo de los enfoques centrado exclusivamente en la represión, ya que es necesario generar cultura de responsabilidad social en empresarios y trabajadores, esto es, promover conciencia fiscal y solidaria. Por tanto, políticas sancionatorias por supuesto, pero también preventivas. Debe entenderse que el combate a la informalidad es más una inversión que un gasto que contribuye a mejorar la competitividad y a atacar la competencia desleal. La educación es sustancial al respecto. Bienvenidos los esfuerzos que realizan los ministerios de Educación y Cultura y Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva en tal sentido.

Queda mucho por decir y hacer fundamentalmente: políticas de estímulo a la formalización, necesidad de sistemas tributarios simplificados, etc. Y esencialmente destacar el hecho de que la presentación del tema ante el Compromiso Nacional, pone de relieve una vez más, por si hiciera falta, la trascendencia que reviste el diálogo social, sin el cual resultará difícil poder llevar adelante cualquier estrategia nacional.

Reconociendo por supuesto, que siendo la adversidad grande, el hombre puede serlo más que ella misma.