¿Una cuestión de "lealtad"?

En una curiosa secuencia periodística, el semanario Búsqueda en su edición de ayer jueves 17, presenta completa la incidencia que culminó con la destitución por parte del Codicen de la doctora Marta Vieira Mérola, secretaria administrativa de la Administración Nacional de la Educación Pública.

La crónica lo registra –en exclusiva– todo: desde el momento de la inicial constatación de las irregularidades, a principios de febrero, hasta la carta de despedida y agradecimiento a sus ex compañeros publicada como carta de los lectores.

La doctora Marta Vieira ocupaba, desde 1990, un «cargo de confianza» en la ANEP y habiendo, justamente, en el episodio, perdido la confianza de sus superiores fue destituida, por decisión unánime del Codicen.

Hasta aquí el incidente no parecería merecer demasiada atención por parte de la ciudadanía.

No obstante, la publicación de las consideraciones realizadas por la ex funcionaria ante el Codicen son reveladoras de una mentalidad sobre la que vale la pena detenerse un momento para reflexionar.

Interpelada por el contenido de una cinta grabada en la que aparecía involucrada, la funcionaria reconoció la autoría de las faltas que se le imputaban.

En síntesis: en una mezcla rara de chismografía barata y malicia política, la doctora Vieira fue registrada mientras urdía, en contacto telefónico con el redactor del semanario Patria (también un ex funcionario del Codicen, Washington Martínez D’Alessandro) un intento de seguimiento, toma de fotografías, etcétera a la consejera Carmen Tornaría con el deshonesto propósito de enlodar su imagen con presuntos abusos en materia de cobro de haberes o de utilización de la locomoción oficial.

Según la crónica que citamos, una vez oídas las imputaciones que se le formulaban, la doctora Vieira dijo que «admitía con franqueza» la conversación con el periodista.

Dijo que «actuó como operadora política, (…) me solicitaron pasar la información y la pasé». En la situación creada, daría cuenta de la situación planteada al doctor Luis Alberto Lacalle.

Para la doctora Vieira, el episodio que culminó con su destitución «es el riesgo que uno corre cuando le piden una cosa y la hace».

El debate en el seno del Codicen revela, entre otras cosas, las opiniones de la consejera del Partido Colorado Nelly Leites, quien consideró que la actuación de la abogada era «condenable» pues «invade todo el espacio personal, profesional, funcional y familiar de una consejera».

A lo que Vieira, con singular pragmatismo, respondió que si estuviera en el lugar de los consejeros opinaría exactamente igual pero que había medido las consecuencias de sus acciones. «En la vida hay cuestión de lealtades. (…) Yo tengo, además de mi responsabilidad funcional, una responsabilidad política y una lealtad política».

Concluyendo: (para ella) «su lealtad política es su primera lealtad» (…)

«Sé lo que tengo que decir, quién me pone en el cargo y a quién me debo» (…) Lo que le pasó a ella, agregó, le podría haber pasado a cualquiera.

«No vamos a creer que soy la única que alguna vez pasó información política (…) Porque todos lo hacemos y no parece condenable».

El descaro de las expresiones de la abogada es pasmoso: su llamada «lealtad» es hacia el dirigente político a quien le debe el puesto que ocupa.

Realmente es difícil encontrar en tal estado de transparencia y desenfado expresiones de la mentalidad representativa de unos grupos políticos que han entrado a la administración pública «a saco», sin el menor escrúpulo por la el respecto que deben a la función pública, los reglamentos y las normas más elementales de conducta decente.

Como lo señala la propia funcionaria ahora correctamente destituida, existe, en algunos ámbitos de la partidocracia tradicional, una mentalidad arrogante, sectaria, que siente que todo le está permitido en función de mal llamadas lealtades políticas.

Prácticas de «operadores» de este tipo desmoralizan la vida democrática, aumentan el escepticismo de la gente y empañan gravemente el desarrollo del auténtico accionar político, el que se hace pensando y actuando en bien del país.

Por esos estas prácticas, aunque no sean un «delito» en términos penales, deben ser condenadas, denunciadas y combatidas allí donde afloran.

¿Es con esta mentalidad que se pretende «achicar el gasto público», «modernizar al país» y «prepararlo para un mundo globalizado»?