El Estado, principal usurero

Carlos Fernández Rapetti *

En la política económica neoliberal aplicada durante el período de facto y durante los dos últimos gobiernos constitucionales, no se combate la usura, se la tolera y se la ejerce, como lo veremos desde las esferas directrices oficiales en beneficio de la rentabilidad de los grupos financieros y de la voracidad fiscalista indiscriminada.

Esto se contradice con todo principio solidario y se justifica con el concepto de que el mercado es el único lugar en que se pueden regular los precios, el tipo de interés también lo es y todas las demás relaciones económicas. Que del libre enfrentamiento de la oferta y la demanda surge el equilibrio necesario para el perfecto funcionamiento del sistema económico.

Esta teoría no tiene en cuenta que en el mercado se enfrentan quienes poseen gran cantidad de medios económicos, con aquel otro que no los tiene y los necesita (el tiburón nadando entre las sardinas).

Si bien la realidad ha demostrado que esta regulación no existe, que es una falacia, se trata de justificarla con índices macroeconómicos.

Tal como la reducción del déficit fiscal, la baja de la inflación, el futuro desarrollo económico y la nunca gozada justa distribución del ingreso, etc., etc.

Mercado bancario En el mercado financiero y bancario, un pequeno comerciante o cualquier ciudadano, que por las más diversas causas necesite la toma de un préstamo, no podrá hacer uso del mismo por menos de una tasa de entre el 50 o el 80%, según el destino del mismo y otorgando la correspondiente garantía de solvencia asegurada.

Tarjetas de crédito Los tipos de interés que gravan los créditos otorgados por este sistema pasan los tres dígitos y ni hablar de los intereses aplicados por la más mínima mora que se elevan a más del 200%. Esto ocurre impunemente, en momentos en que desde las esferas oficiales se alardea de haber obtenido la baja de la inflación a un solo dígito.

Deudas con el Estado Cualquier ciudadano o empresa que se encuentre impedido de abonar en plazo una deuda con la Dirección General Impositiva, intendencias, empresas públicas u otros organismos del Estado se verá gravado con altas tasas de recargos e intereses. Pongamos por ejemplo a la Dirección General Impositiva. Cuando un contribuyente se atrasa, por los primeros cinco días se le grava con el 10% de recargo y pasado ese lapso con el 20%. A eso debe sumársele el 3,2% de interés mensual capitalizable cada cuatro meses. Este proceso origina una deuda con un interés efectivo anual que con más los antedichos recargos sumados ronda el 60%.

Conclusión Se supone que quien no paga sus deudas en fecha y luego hace frente a las mismas con esos recargos e intereses, no lo hace por gusto, sino por extrema necesidad, por lo tanto debería de ser una obligación de los órganos políticos del Estado uruguayo, la protección de esos ciudadanos, manteniendo la vigencia de tasa de interés y recargos adecuados al momento económico en que se aplican y no las cifras que se aplicaban cuando la inflación era de tres dígitos. Esto permitiría que el beneficio de la baja de la tasa de inflación llegase a los más necesitados, que son los que más han contribuido a esta baja mediante reducciones en sus sueldos, sus jubilaciones, diminución de su actividad comercial en todos los órdenes y aún con su creciente desocupación.

Corresponde pues legislar rápidamente fijando claramente tasas máximas para cada una de las actividades arriba citadas y organizar inspecciones efectivas de su cumplimiento.

* Contador, integrante de la Comisión de Programa del FA