Pinochet en el banquillo

Una vez más, en el agitado «culebrón» de los dos últimos anos, el ex dictador chileno siente sobre sí la atención de la opinión pública mundial cuando está en los umbrales de un proceso criminal.

Nuevamente ha sido el magistrado Juan Guzmán Tapia quien ha dispuesto el interrogatorio de Pinochet, acusado por los crímenes de la Caravana de la Muerte.

Se confirma así, una vez más, que Guzmán Tapia es un juez íntegro, de probidad reconocida y que no está dispuesto a dejarse intimidar ni por las ruidosas presiones de la derecha política ni por los mandos militares.

La fecha para la realización de la declaración indagatoria ha sido fijada para el próximo miércoles 27 de diciembre.

De esta manera el juez actúa a partir del mandato de la Suprema Corte que lo intimó a que realizara la indagación antes de los 20 días.

El magistrado ordenó a Pinochet que fije domicilio en Santiago a efectos de ir a interrogarlo a su casa.

Según las apreciaciones de varios juristas chilenos, que recoge en su edición de ayer Página/12, es altamente probable que el resultado de la indagatoria sea el procesamiento de Pinochet, con la correspondiente toma de huellas dactilares y la fotografía inherente a su condición de «reo».

Y es, justamente, en el conjunto de estos aspectos donde hoy se sitúa el centro de anudamiento del debate en Chile.

La derecha quiere evitar de todos modos que se configure la situación simbólica de Pinochet, convertido en reo, acusado de delitos contra la humanidad.

Para frenar la decisión del juez, los abogados de Pinochet han recurrido a la Suprema Corte con el argumento de que, previamente, se deben sustanciar los exámenes médicos, cuya fecha se fijó para el 22 de enero.

Parece poco probable que la Corte acceda a la demanda y ya se ha adelantado la opinión de algunos integrantes de la Suprema que sostienen que se trata de dos trámites «que corren por separado».

En ese contexto, vuelve a producirse el intento de los mandos militares de presionar sobre el Presidente de la República con la pretensión de alcanzar «un acuerdo político» sobre las acusaciones al ex dictador.

También preocupa a los jefes de las tres armas y de Carabineros, el número creciente de militares que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos durante el régimen pinochetista.

La presión militar sobre el presidente constitucional Ricardo Lagos se intenta ejercer a través del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo cívico militar donde los uniformados podrían, en determinadas circunstancias políticas, constituir mayoría.

El agónico proceso chileno tiene algunos puntos de contacto con los avatares de la lucha por la verdad y la justicia que se desarrolla en nuestro país.

También muchas diferencias. Por ejemplo, en Chile a través de la polémica Mesa de Diálogo, que en su momento fue muy celebrada, los militares asumieron el compromiso de contribuir a la búsqueda de los desaparecidos.

En esa instancia, la Iglesia Chilena cumplió un papel importante.

En estos días la Iglesia de Chile acaba de declarar públicamente que «los militares no aportaron mucha información sobre el paradero de los desaparecidos».

Como se ve, el proceso se enfrenta a grandes obstáculos. No obstante, hay más transparencia, más actuaciones judiciales, más debate público y denuncias en Chile que en nuestro país.

Si el próximo miércoles 27 el Juez Guzmán Tapia procesa a Pinochet, se habrá atravesado un umbral de enorme valor simbólico.