Estado y relaciones laborales

El papel del Estado en las sociedades es demasiado trascendente como para analizarlo con fundamentalismos intransigentes. El Estado soy yo, dijo 200 años atrás un monarca francés de triste recuerdo. Por el contrario, Vargas Llosa, genial referente literario, ex candidato a la presidencia de Perú, adjudica a los estados amorfos, incompetentes, discriminatorios y prepotentes, empujar a los pobres a trabajar y crear riqueza fuera del sistema de privilegios que es la legalidad. Agrega que la informalidad es el ¡principio de la reconquista por iniciativa de los marginados de la noción de libertad en nuestra economía! Inadmisible.

La historia reciente es campo fértil para la discusión. El mejor Estado es el que no existe, se decía décadas atrás. Era la flexibilidad y desregulación laboral, la inexistencia de la negociación colectiva y de los Consejos de Salarios.

El presidente de la República respondió a las críticas de las 24 cámaras empresariales centradas en las políticas laborales que ha llevado adelante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ha dicho que la calidad de las relaciones laborales sustentada en el diálogo social y el papel del Estado como actor de primer orden, hace a la calidad de la sociedad, favoreciendo la democracia. Calidad que venía resentida desde más de tres décadas atrás, cuando, salvo excepciones, los institutos mencionados estuvieron ausentes de la sociedad uruguaya. Por ello el actual gobierno los promueve.

Es indiscutible que el trabajo, derecho humano fundamental, ocupa un lugar central en la sociedad. ¿Es posible entonces que el Estado esté ausente del sistema de relaciones de trabajo? Aún no interviniendo, influye notablemente en el mismo. Diferente es discutir si su intervención debe ser restrictiva ahogando la autonomía de los actores sociales, o debe promover el diálogo social, la autonomía colectiva y el tripartismo, favoreciendo la gobernabilidad democrática.

De la respuesta del Presidente surge que su concepción no concuerda con la que sostienen las cámaras y las que promovieron gobiernos anteriores. La misma se sustenta en aspectos fundamentales: I) diálogo social, diferenciando lo que es gobierno, cogobierno y tripartismo; II) rol esencial que tienen los consensos para la mejor aplicación de las normas y para la seguridad jurídica, de los empresarios y trabajadores, sin que ello signifique paralizar la acción del gobierno como consecuencia de los disensos; III) inadmisiblidad de que el Estado sea llamado sólo en momentos de crisis, lo que deviene en mero asistencialismo. Por el contrario, su intervención debe adelantarse previendo ciclos desfavorables.

El Presidente ha ratificado, que este gobierno fomenta la negociación colectiva bipartita basada en la autonomía de las partes, lo que no quiere decir que sea obstáculo para que cumpla con su función de protección de las libertades relacionadas con el trabajo ni para que participe en los Consejos de Salarios. Institución ésta con 64 años de vigencia, con una inmensa riqueza política, social y cultural imposible de desconocer, que en momentos históricos claves del país, signados por pobreza y estancamiento, fueron convocados generando positivos resultados. Es que las relaciones laborales no se circunscriben al bipartismo clásico. Ha dicho el Presidente que no es así en el mundo y tampoco lo es en Uruguay. Las actuales cifras de crecimiento y reforzamiento de las organizaciones sindicales y empresariales, aspecto sustancial para el equilibrio de un sistema que requiere de actores sociales fuertes, demuestran el acierto de dicha política. El Uruguay de hoy no admite un Estado omnipotente ni la impunidad del denominado libre mercado, falto de equidad tan necesaria en la materia. Y vaya como ejemplo de democracia, orgullo de este país, el profundo pero civilizado disenso existente al respecto. Tan diferente del monarca francés y del fundamentalismo del peruano genial.