Las responsabilidades del Legislativo
Muchas veces la realidad se puede modificar. Aquello de que las cosas «son como son», hoy es historia pasada. Alcanzó con tres años de gobierno progresista para que esas premisas tan tradicionales en nuestro país comenzaran a perder vigencia. Los ricos no tienen por qué ser tan ricos, los pobres no tienen por qué seguir siendo toda su vida pobres, como tantas veces se nos dijo. También se nos dijo que no hubo desaparecidos, que no hubo fusilamientos en el Uruguay, que todo había sucedido en Argentina. Sin embargo, la realidad ( una vez más lo repetimos) se puede modificar, nos ha enseñado que tampoco estas «verdades» eran ciertas. Los cuerpos represivos de la dictadura fueron tan feroces como en cualquier otro lado (aunque hoy algunos de ellos se sientan deprimidos por estar presos, o se quejen de que no tienen garantías judiciales (?), torturaron, violaron compañeras, robaron, asesinaron, comerciaron niños, etc., etc. Cada país decide su camino. Nosotros tenemos una Ley de Caducidad, en Argentina la derogaron y además pasaron a retiro a todos los generales en actividad. Son realidades, son hechos que sucedieron. Acá seguimos respetando la Ley de Caducidad tal cual lo adelantó el Frente Amplio en su programa de gobierno (ahora que se está discutiendo el nuevo programa habría que concretar algunas modificaciones, teniendo en cuenta la total falta de colaboración del conglomerado militar que participó en dicho hechos). Algunos ciudadanos plantean que los militares deben pedir perdón. Es una opinión respetable, que no tendrá ningún tipo de consecuencia directa, ni nadie creerá en ella. Existe otra opción, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que consiste en la aprobación de una ley o un conjunto de leyes que apunten a garantizar que el terrorismo de Estado nunca más se va a concretar en este país. ¿Esto se arregla con una pensiòn para algunos ex presos políticos ? (que para recibirla deben renunciar a sus derechos jubilatorios). Difícilmente una solución como esta conforme a las Naciones Unidas. En primer lugar porque una dictadura no se sostiene solamente con las fuerzas militares, sino que implica necesariamente la complicidad de numerosos operadores civiles (empresariales, políticos, mediáticos, diplomáticos -que defendieron la dictadura en ámbitos internacionales- y jerarcas de una administración de casi 15 años quién se puede salvar dentro de la Educación en la cual se debe incluir, por lo menos, a quienes estuvieron al frente de la Suprema Corte de Justicia). Pues bien, volvamos a tomar el hilo, todo esto poco tiene que ver con esa pensión con la que se buscó contemplar a cierto grupo que fue víctima del terrorismo de Estado.
Sobre la intención de hacerlo no pueden caber críticas, pero el resultado de este intento no ha sido bueno. Han quedado fuera innumerables presos ( por las fechas exigidas, por sus ingresos actuales -¿qué tienen que ver?- por haberse acogido a anteriores normas de restituciòn de destituìdos, deben además renunciar a sus derechos naturales a recibir una jubilación, etc.). Por momentos parece que esta pensión fuera un símil de una especie de seguro de desempleo. Pero en el mundo cuando se habla de víctimas del terrorismo de Estado, se entiende otra cosa. No es solamente una pensión, sino una serie de normas, una legislación, no solamente que otorgue un subsidio económico a los afectados (sin ningún tipo de discriminación), sino fundamentalmente que asegure a toda la sociedad que este tipo de hechos no se va a volver a reiterar. No parece algo alocado, es muy sensato, está avalado por todos los países del mundo, está claramente definido y acordado todos los pasos a dar. En nuestro país se presentó un proyecto de ley basado en estos principios, sin embargo los legisladores del Frente Amplio no han reaccionado. Habría que hacer la excepción del diputado Diego Cánepa del Nuevo Espacio, el senador Víctor Vaillant, MPP, y la senadora Margarita Percovich, VA, quienes han estado empujando esta iniciativa (en este aspecto reconocemos que nuestra información es incompleta) pero, todo se puede resumir en lo que Cánepa declaró a la prensa el viernes pasado: «Sería vergonzoso no aprobar una ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado teniendo mayoría». En consonancia con el presidente Tabaré Vázquez, Cánepa sostuvo que «el nunca más es un nunca más al terrorismo de Estado».
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