Acuerdo para el código de procedimiento policial

Finalmente, después de años y años de discursos, propuestas y debates, la Policía contará con un código de comportamiento adecuado, que aclarará los límites y precisará las condiciones de su accionar.

El proyecto de ley que deberá tratar la Asamblea General la semana entrante es, pues, el resultado de una toma de conciencia del sistema político de la necesidad de legislar sobre el punto, en vista de la situación creada por el incremento de la actividad delictiva y la consiguiente sensación de inseguridad que vive la población.

Con un total de casi 180 artículos, el proyecto pretende abarcar todos los aspectos de la tarea policial, su labor preventiva, su labor disuasiva, y su labor represiva, en equilibrio con la salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes del país. Entendemos que se trata de normas apropiadas que contemplan las aspiraciones de la población y de los propios agentes del orden para el combate del delito. Esa sensación de inseguridad ciudadana viene siendo una de las preocupaciones fundamentales del sistema político, y desde hace años ha habido propuestas ­que partieron desde sectores de la derecha­ en el sentido de otorgar a la policía ciertas facultades y prerrogativas de corte francamente conservador; recuérdese al respecto la propuesta del doctor Lacalle bautizada como “gatillo fácil”, que resultaba un grosero atentado al régimen liberal y democrático.

Las fuerzas conservadoras siempre fueron partidarias de combatir el delito mediante el aumento de la represión, mientras las fuerzas progresistas observaron tradicionalmente una postura más garantista y proclive a atacar las causas de los comportamientos delictivos. Pues bien, desde que se conoció el proyecto a estudio del Parlamento, hemos asistido a una singular paradoja. Mientras el gobierno resolvió adoptar medidas de una buena vez para facilitar la tarea policial y otorgó mayores atribuciones a la policía, la derecha ha puesto el grito en el cielo por algunas disposiciones del proyecto que, según lo proclaman los dirigentes conservadores, vulneran las garantías y derechos ciudadanos y violentan la Constitución. Concretamente, hay dos disposiciones fuertemente cuestionadas por los partidos del llano: la que habilita a los agentes del orden a exigir la exhibición de documento de identidad a un sospechoso y conducirlo a una comisaría en caso de que éste no cumpla con el pedido; y la otra es la que establece la posibilidad del ingreso de fuerzas del orden a una vivienda aun en horas de la noche. Se ha hablado de que se vuelve a instaurar la práctica de las razzias, y de que se viola el artículo 7 de la Constitución al permitir lo que han llamado el “allanamiento nocturno”.

Esta forma de presentar las normas es falaz y crea en la población un sentimiento de rechazo y de temor ante la posibilidad de desbordes policiales. La disposición que permite el ingreso de policías a una vivienda en horas de la noche no puede, sensatamente, considerarse un allanamiento, y sólo apunta a dar garantías a la población de que, en casos extremos, muy específicamente establecidos en la norma (si se está cometiendo un delito, si una vivienda ha tomado fuego, etcétera), la policía podrá actuar e ingresar en la vivienda a efectos de impedir la comisión de un delito.

Pues bien, siendo esto tan claro, la prensa sigue hablando de “allanamiento nocturno”, tal vez por una necesidad de economía de palabras, pero sin advertir que, de ese modo, están inculcando en el ciudadano común la idea de que el hogar deja de ser “un sagrado inviolable”.

En fin, si han de modificarse algunas de estas disposiciones para llegar al acuerdo pactado entre todos los partidos, que sea para bien, y que se concrete, por fin, el código policial que será una herramienta eficaz para dar mayor seguridad a la población.