Acuerdos interpartidarios: la democracia fortalecida

Desde que asumió el gobierno actual en primera vuelta y por tanto con mayoría absoluta en las cámaras legislativas, hemos manifestado en más de una ocasión nuestra convicción de la necesidad de lograr acuerdos interpartidarios. El hecho de que el partido de gobierno cuente con mayoría en el Parlamento no enerva para nada tal postura acuerdista, pues para sancionar ciertas leyes, para designar a determinados funcionarios, y en general para algunos aspectos no menores de la actividad parlamentaria, la Constitución exige mayorías especiales que el gobierno actual no puede reunir por sí solo.

Pero además de esa circunstancia objetiva, hay razones de fondo que van más allá del requerimiento constitucional a que aludimos. El Frente Amplio obtuvo poco más del cincuenta por ciento de los votos en la última elección, por lo que puede afirmarse que el cuerpo electoral está dividido en dos mitades: una, conservadora, apegada a la tradición, temerosa de los cambios, que se pronunció por los partidos tradicionales; y la otra, más audaz, progresista, que dio su voto a las fuerzas del cambio. Según los últimos sondeos de opinión, el panorama no ha variado mucho desde la elección de 1999.

En razón de ello, los acuerdos que se logren para sancionar aun aquellas leyes que requieren mayoría simple serán de enorme importancia, pues darán a esas normas una legitimidad mucho mayor. Con esto no estamos planteando que las leyes aprobadas sólo con los votos del oficialismo no tengan valor, pero justo es reconocer que cuanto mayor respaldo recojan del sistema político, mayor será su peso pues a los ojos de la población, del ciudadano común, demostrarán que más allá de diferencias partidarias hay un consenso más o menos sólido del sistema político en áreas clave del quehacer nacional.

Felizmente, algo de esto parece asomar en el horizonte del relacionamiento interpartidario. El mes pasado, luego de cabildeos y de conciliábulos «de ambulatorio», esto es, del diálogo no formal en el ámbito de la Cámara, pudo darse sanción al proyecto de ley que consagra una participación más equitativa de las mujeres en los órganos políticos. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición, hubo que ceder, hacer ciertas concesiones, resignar pretensiones y aceptar propuestas ajenas. Pero el resultado, más que saludable para la vigencia del sistema democrático, fue que el proyecto de ley obtuvo el respaldo unánime de los partidos políticos.

Algo similar está ocurriendo con el proyecto de ley que establece un marco normativo para el procedimiento policial. La imperiosa necesidad de contar con normas claras en ese ámbito tan delicado llevó a los partidos a intentar acuerdos de modo que dicho proyecto concitara la adhesión de todo el espectro político. Al concretarse el compromiso público de modificar ciertos aspectos irritantes o ciertas disposiciones de cuya constitucionalidad se dudaba, y lograr los tres quintos necesarios para aprobarlo en la Asamblea General que se reunirá la semana próxima, el Parlamento uruguayo ha enviado una clara señal positiva a la opinión pública.

Es de desear que ese mismo espíritu concordante, acuerdista, que deja de lado la inútil gimnasia verbal a que nos tienen acostumbrados los legisladores y que por lo general desemboca en agrios enfrentamientos en los que emergen viejos rencores y reproches recíprocos, sería saludable, decíamos, que ese espíritu prevaleciera por encima de mezquinos intereses sectoriales y personales de modo de llegar a un acuerdo que permita la integración de los organismos de contralor.