Un documento que explica y mejora el clima

La Presidencia de la República se tomó quince días y el lunes de la semana previa envió la respuesta del gobierno a un documento que veinticuatro presidentes y autoridades principales de las Cámaras empresariales le habían entregado en la comentada reunión realizada en Suárez. Esa respuesta ha pasado relativamente desapercibida; ni las formas ni los contenidos han tenido la difusión pública que se merece un documento de este tipo. No porque las relaciones de jerarquía impongan una prelación en la comunicación de la opinión del gobierno en la comunicación pública, sino porque comprender lo que está en juego en ese diálogo del gobierno y los empresarios exige un tratamiento delicado, atento y oportunamente comunicado. Pocas veces los empresarios han logrado una representación corporativa tan amplia en sus reivindicaciones frente a un gobierno. En tanto, aquel documento que explicitaba las incomodidades y riesgos que los empresarios advertían tanto para su mejor desempeño como para el propio clima de libertades y convivencia laboral merecía una respuesta adecuada. El pensamiento empresarial ya no se integraba sólo de discrepancia con la política laboral, o la afectación del «clima de negocios»; el documento avanzaba sobre lo que ya los empresarios habían insinuado en una reunión previa en la Cámara de Comercio como lo más importante: la discusión sobre los derechos y libertades.

En el lapso de la entrega del documento empresarial y la respuesta surgieron dudas respecto a si el gobierno consideraba necesario discutir la agenda propuesta por los empresarios. Incluso hubo instancias ­un consejo de ministros en particular- desde el cual se emitieron opiniones parciales, que hicieron temer por una eventual elusión oficial de la respuesta formal del gobierno. Esta se produjo al fin y, con la excepción de comentarios aislados de alguno de los presidentes de las cámaras, la prensa no ha difundido lo que parecería ser una recomposición del mejor nivel del diálogo motivado, entre otras razones, por las formas y contenidos de esa respuesta presidencial. En apretada síntesis importa recordar que la respuesta del gobierno ubica el tema desde la celebración del papel de los empresarios en la propuesta de desarrollo implícita en el programa de gobierno; a tales efectos enumera algunas de las medidas de promoción de la actividad empresarial y omite otras ­las no adoptadas, tan o más significativas que las activas. Medidas y omisiones de medidas que al gobierno le generan tensiones cotidianas muy díficiles de administrar. Tensiones creadas con otras corporaciones tradicionalmente más afines al gobierno que las del núcleo de representación empresarial. En ese plano de omisiones implícitas, autolimitaciones caras a un mayor intervencionismo, la respuesta no ha mencionado por razones comprensibles decretos que limitan el efecto de leyes que ­como las de prohibición de las SSAA de explotación agropecuaria- complican el engarce instrumental del capital nacional y el extranjero.

También fue omitida la negativa a imponer retenciones o detracciones. Pudiendo haberlo hecho, ese documento tampoco explicitó otras «omisiones trascendentes» como el tratamiento diferencial del capital nacional o foráneo. La excepción es la mención de tratamiento diferencial a las Pymes. Importa que el público sepa qué implica ese trato indiferenciado desde el ángulo de la libertad de comercio. Eso y bastante más es lo que está diferenciando tanto a Uruguay en la región como país abierto a los empresarios honestos vengan ellos de donde vengan. Ese documento reivindica sí, una de las vertientes más caras al programa de la izquierda. Hay disposición del gobierno a avanzar un paso más en el intervencionismo regulador del mercado. Lo hace en este caso en alusión a la defensa del trabajo, hasta en sus facetas que reivindican, justamente, una de las ideas fuerzas del pensamiento liberal: la protección del trabajo como otro requisito de la libertad de comercio. Al tiempo de afirmar que la Constitución le impone la obligación de proteger el trabajo, el gobierno acepta que, a la luz de la discusión actual, aún es prematuro o erróneo legislar sobre prevención de conflictos y ocupaciones de los medios de producción privados. Y anticipa la eliminación del proyecto de Ley que contenía ese avance intervencionista. No es poco. Aún limitada en su difusión, esa respuesta ya obra como un catalizador de encuentros positivos en diferentes ámbitos de negociación. Incluida la ronda de negociación colectiva de salarios que se inicia.