Es costumbre aceptada en todo régimen democrático que se tributen homenajes, reconocimientos y recordatorios laudatorios a todas las figuras políticas más o menos relevantes que desempeñaron un cierto papel en la actividad pública del país, en oportunidad de cumplirse algún aniversario de su fallecimiento.
Es así que se organizan actos, sesiones solemnes, misas, al tiempo que los nombres de los homenajeados se incorporan al nomenclátor capitalino. No está mal que se proceda de tal modo, pero estas prácticas, al generalizarse y homenajear indiscriminadamente a figuras valiosas y personajes menores, instalan ciertas situaciones injustas. Por ejemplo, que dos calles de igual categoría que atraviesan la avenida 18 de Julio lleven una el nombre de Wilson Ferreira Aldunate y la otra el de Aquiles Lanza configura una igualación que no se corresponde con la verdad histórica. Por más que el ex intendente colorado haya sido una persona de bien y bienintencionada, no justifica que se lo equipare con el último gran conductor nacionalista.
Pero más allá de estas incongruencias, llamó la atención el reciente planteo de la bancada de ediles colorados en el sentido de que la Junta Departamental realizara un homenaje a Jorge Pacheco Areco.
Curiosamente, la bancada nacionalista se sumó al pedido de su rival tradicional sosteniendo que independientemente de ciertos cuestionamientos y de reconocer que fue un personaje controvertido, había sido electo por el pueblo y había gobernado dentro del respeto a la Constitución y la Ley. Vayamos por partes. En primer lugar, no olvidemos que fue bajo el gobierno de Pacheco Areco que la represión estatal llegó a límites nunca antes vistos; la brutalidad policial quedó de manifiesto en la feroz represión contra las manifestaciones populares de obreros y estudiantes, represión que cobró la vida de los primeros mártires estudiantiles: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos en 1968. También Pacheco será recordado como el campeón de la censura previa a la prensa y de la clausura de medios opositores. En cuanto a que fue electo por el pueblo, ello es parcialmente cierto –o por lo menos formalmente exacto– ya que a quien había votado el pueblo era al general Gestido y no a su compañero de fórmula, hasta entonces un perfecto desconocido.
En rigor, puede afirmarse que Pacheco no fue electo por el pueblo, sino que fue –como bien dijo Roberto Ibáñez– “ungido por un síncope cardíaco”.
Por si todo esto fuera poco, tampoco corresponde decir que gobernó “dentro de la Constitución y la Ley”. Desde mediados de 1968, seis meses después de asumir la Presidencia, Pacheco gobernó bajo un régimen excepcional: el consagrado en el inciso 17 del artículo 168 de la Constitución, por el que se otorga al Presidente la potestad de decretar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior.
Al amparo de esta disposición “cesarista”, cometió todo tipo de tropelías, militarizó a los funcionarios bancarios, dictó decretos inconstitucionales, y se burló del Parlamento. Es preciso recordar que cuando la Asamblea General levantó las medidas, las reimplantó al día siguiente, y que cuando la Comisión Permanente hizo otro tanto, ignoró olímpicamente tal decisión. Y en lo que tiene que ver con su apego al sistema democrático republicano, el telegrama de adhesión que el embajador Pacheco envió a Bordaberry cuando éste disolvió las cámaras es suficientemente elocuente.
Este breve resumen de la gestión del ex presidente es un argumento suficiente para oponerse a cualquier tipo de homenaje institucional a este oscuro personaje. Que lo homenajee su partido es perfectamente lícito; incluso, si los blancos desean adherir al homenaje, que lo hagan, si logran olvidar el desprecio que siempre sintió Wilson Ferreira por él. Pero no es de recibo que una institución estatal cante ditirambos a una figura enemiga de la democracia.
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