La pasividad ciudadana frente a la "avivada"

En momentos críticos como el que vivimos, los grandes capitales «flotantes» o voladores que se trasladan rápidamente hacia los puntos donde pueden obtener más rápidas y elevadas ganancias se han instalado no sólo en el petróleo sino en el sector de la producción de alimentos primarios con las consecuencias que ya todos conocemos. Habría que agregar a lo anterior el hecho de la debilidad del dólar, algo que no está desvinculado en absoluto de lo anotado más arriba.

Pues bien, entremos en materia. El valor del dólar en nuestro país ha descendido notoriamente. En el último año su cotización en el BCU sufrió un descenso superior al 17%. Este dato no es menor porque en estos momentos el gobierno nacional se encuentra abocado a frenar aumentos en productos que echan leña en el fuego de la inflación (ya es un incendio y a nivel mundial). Se ha estado trabajando y negociando con importante éxito con la industria, pero la pregunta que uno se hace, ya que no existe información al respecto, es qué pasa con los importadores. Si en un año el dólar ha descendido en el entorno ya mencionado, esa rebaja tendría necesariamente que reflejarse en todo lo que se importa. ¿Esto es así? ¿Los importadores han trasladado esta rebaja a los precios de venta en nuestro país?

No manejamos estadísticas, pero a primera vista no parecería que esto hubiera sucedido. Pensemos en un producto que puede ser un buen ejemplo: el aceite de soja. Ha subido considerablemente más allá de que la soja haya aumentado su precio internacional. Este hecho puntual lo podríamos trasladar a otros alimentos importados, calzados, ropa, vehículos y artículos de consumo del rubro electrodomésticos, etcétera. Se trata de un tema sobre el que la ciudadanía carece de una información adecuada si bien estamos bien informados sobre los esfuerzos y negociaciones del gobierno con la producción nacional. No solamente debemos poner el ojo en los importadores, también hay todo un capítulo que es el comercio minorista y la selva de intermediaciones que existen en el país.

Pero este tema tiene dos patas. Los uruguayos tenemos la mentalidad creada a través de décadas de filosofía batllista en la que esperamos todo del Estado. Hace unos días el ministro de Industria y Energía, Daniel Martínez, sostenía que finalizó la época en que los empresarios instalaban su fábrica o emprendimiento apoyados en subsidios o en compromisos ( amigos mediante) de compra de lo producido por parte del Estado. «Apoyaremos sólo temporalmente a los que lo necesiten y evaluaremos el efecto de nuestra ayuda, pero se acabó la época de depender del Estado para instalarse empresarialmente¨» afirmó. Esta misma concepción vale para los uruguayos de a pie, para todos nosotros, que esperamos que salga el Estado a defender nuestros derechos como consumidores. Dependemos de «papá Estado» para dichos controles cuando están dadas todas las condiciones para que la sociedad civil impulse organizaciones especializadas en este tema como existen en todo el mundo ¡y vaya si tienen peso!

Hoy ha sido el propio Poder Ejecutivo el que ha montado una oficina especializada en el tema ( lo cual no criticamos, nos parece correcto), pero se hace necesario que seamos los ciudadanos los que tiremos del carro. Crear organizaciones que lleven adelante controles, que exijan, que aporten para el desarrollo de una legislación que está sumamente atrasada con respecto no sólo al mundo desarrollado sino también a nuestros vecinos de la región.

Existe un vacío institucional y legal en este tema que obedece a una falta de conciencia activa sobre el papel que pueden y deben jugar los ciudadanos organizados para defender sus derechos como consumidores. Esa convicción de que el Estado debe hacer todo, muy arraigada en nuestras mentes, debe necesariamente ir evolucionando hacia una concepción prácticamente opuesta: si los ciudadanos todos no nos movemos, difícilmente el país salga adelante. Somos muy sueltos de lengua a la hora de criticar a los políticos pero, simultáneamente, esperamos todo de ellos.

Qué diferente sería si contáramos con una sociedad organizada, vigilante, dispuesta a no tolerar «la clásica avivada uruguaya», que activamente apoyara y trabajara para defender sus derechos como consumidor, que en este caso coinciden con los intereses nacionales.