Pena de muerte, en vías de abolición

La evaluación de los efectos de la resolución sobre la moratoria de las ejecuciones capitales aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas no puede dejar de tener en cuenta la pugna entre las fuerzas que se movilizaron para lograr ese histórico objetivo.

La primera fue encabezada por la burocracia de la Unión Europea (UE) que se esforzó por mantener el monopolio de la iniciativa, pero se enredó en una serie de dilaciones y perdió consistencia. La segunda fuerza fue la del movimiento liderado por Que Nadie Toque a Caín, sostenido por otras asociaciones abolicionistas, cuya estrategia consistió en auspiciar que una coalición de gobiernos de todos los continentes presentara la resolución. Esta fuerza prevaleció gracias a una campaña de casi un año en cuyo transcurso algunos gobiernos decidieron la cancelación de la pena de muerte o poner en marcha procesos abolicionistas.

Ruanda se convirtió en un país abolicionista en junio de 2007 mediante una ley que elimina la pena de muerte para todos los crímenes. Dos meses después el gobierno de Gabón aprobó un decreto para suprimir la pena capital que está aún bajo consideración del parlamento. Sucesivamente el gobierno de Burundi presentó al Parlamento un decreto abolicionista.

La República Democrática del Congo ha sido el escenario de los peores crímenes contra la humanidad de la historia reciente. Allí el ex ministro para los derechos humanos y ahora senador, Leonard She Okitundu anunció la presentación de una ley abolicionista, mientras la Comisión de Justicia ha sido encargada de reformar el Código Penal y pronto presentará sus recomendaciones al gobierno. Como se nota, los pasos más significativos hacia la abolición o en esa dirección, como la conmutación colectiva de penas capitales, han tenido lugar casi solamente en Africa.

En Asia, Uzbequistán eliminó la pena capital el 1º de enero de 2008 y en abril la Corte Suprema conmutó 17 casos de precedentes condenas a muerte. También en abril Cuba anunció la conmutación de todas las condenas a muerte. En el frente opuesto entre 2007 y los primeros cinco meses de este año sólo dos Estados, Afganistán y Etiopía, han vuelto a aplicar la pena de muerte después de algunos años de suspensión. El balance de este período muestra por lo tanto un reforzamiento del movimiento abolicionista.

Por su parte, en Estados Unidos, la Corte Suprema tomó la decisión ­por siete votos contra dos­ de considerar constitucional el método de las inyecciones letales y puso así fin a siete meses de suspensión de las ejecuciones, o sea desde que se decidió examinar el recurso presentado por dos detenidos en el brazo de la muerte en Kentucky que alegaron que las inyecciones letales pueden provocar atroces sufrimientos, violando la prohibición de penas «crueles e inusuales».

Este paso ha sido considerado por algunos como una involución. La resolución, además de solicitar a los países mantenedores que adhieran a la moratoria universal, les pide que informen al secretario General de Naciones Unidas sobre las ejecuciones cometidas. Esto es porque el 99% de las ejecuciones corresponden a países, como China, donde rige el secreto oficial sobre las condenas capitales. Si bien se mira, la solución definitiva del problema en estos países es, antes aún que la lucha contra la pena de muerte, la lucha por la afirmación del Estado de Derecho, y el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles entre las cuales la transparencia es un factor fundamental.

En consecuencia, es importante la aplicación del punto de la resolución que prevé la transmisión de informaciones para la preparación del Informe sobre la Pena de Muerte que se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, Que Nadie Toque a Caín propone la institución de un enviado especial de Naciones Unidas sobre la pena de muerte que por una parte actúe para obtener las informaciones necesarias y por el otro lado presione para que se cancele el secreto de Estado.