La respuesta del gobierno a los empresarios

En estas horas una comisión interministerial ha comenzado a redactar la respuesta que el presidente de la República prometiera a los representantes de un amplio espectro empresarial la semana pasada. Vale recordar que el martes de la semana pasada, veinticuatro presidentes de las cámaras empresariales entregaron al Dr. Vázquez, como “última instancia posible”, un documento programático con énfasis en la defensa del derecho de propiedad, la libertad de comercio y la responsabilidad social. El sábado, la declaración del 91º Congreso de la Federación Rural agregó un sesgo de defensa del “empresario nacional” interpelando al gobierno desde angustias más concretas.

Es paradójico que en los picos de la bonhomía económica, caracterizada además por un crecimiento inédito de la inversión y en un contexto de apertura histórica de la economía, se plantee una confrontación del gobierno con un espectro tan amplio de representación empresarial.

Sin embargo, reconociendo esa tensión, ni el gobierno ni los empresarios deberían soslayar la oportunidad que emerge de una confrontación de esta naturaleza, ubicada en ese contexto inédito en la historia nacional. La nación, antes de las representaciones de sus diferentes agregados sociales, transcurre una ruta en la cual ni los manuales ni los programas ortodoxos ayudan demasiado. Esa perspectiva de prueba y error inexcusable, no es homogénea. Ni pasible de ser simplificada en acuerdos forzados. De allí que, sobre todas las cosas, debe prevalecer en las búsquedas el respeto de los valores que le han permitido a este país diferenciarse tanto en el contexto de países cuyo único capital potencialmente útil es la calidad de su educación cívica y la fortaleza de sus instituciones. Entre ellas, esas que ahora son demandadas en la reivindicación empresarial. Esas que, hasta ahora, han sido esencialmente defendidas por este gobierno, más allá de las amenazas que puedan emerger de matices o ensayos no significativos de políticas sectoriales. La propia declaración del congreso de la FR lo reconoce sin cortapisas informando “que las condiciones excepcionales, recibidas en los mercados internacionales … y reconociendo que en reglas generales, el Estado no ha intervenido en el mercado…(lo) que se traduce en los buenos números macroeconómicos que se manejan a nivel nacional.”

Ese blindaje a la tentación del intervencionismo es en sí la victoria institucional más impactante de un gobierno presionado desde todos los vértices imaginables. Y la que debería ser más justipreciada. Esa capacidad de entender y defender el imperativo de la razón, la apertura, los contratos y la libertad de los mercados no ha sido suficientemente ponderada. Y tal omisión, más que menoscabo del gobierno, es un problema para seguir pensando en términos de desarrollo moderno.

Probablemente la respuesta que elabora el Poder Ejecutivo más que una defensa de su gestión sea un eslabón de vínculo y provocación intelectual en pro de la modernización del pensamiento y las relaciones del empresariado y un gobierno dispuesto a comandar esa estrategia de desarrollo moderno.

La estructura empresarial ha cambiado. El empresariado nacional como tal no existe sin su asociación directa o indirecta con las cadenas globales. No sólo hay tensión entre el empresariado y el gobierno en esos escenarios de cambio y modernización mutua. Hay tensión en el seno de los agregados sociales, incluyendo el empresarial. De tal manera, esas respuestas que esperan los empresarios no serán seguramente una defensa simple de la historia y las políticas sectoriales, ni siquiera una ratificación de las libertades y los preceptos constitucionales sino una invitación a encarar el desarrollo con convicción y ambición de Nación.