Políticas de choque y riesgos elevados

El incremento de los precios minoristas se ha transformado en una preocupación principal, frente a la cual el gobierno ensaya un conjunto de acciones directas y advertencias más o menos explícitas; particularmente observables en el área del riesgo alimentario. Con un poco menos de visibilidad, desde el Banco Central se instrumentan los últimos detalles de un paquete de medidas que fuera anunciado a fines de abril ­y que adquirirá su vigencia plena la semana próxima­ con el propósito de regular mejor el mantenimiento de la capacidad de compra de la moneda nacional sin afectar más la capacidad de competencia del país en la exportación de bienes y servicios de mayor valor agregado. En esta vertiente de la batalla por la estabilidad, el gobierno opera con dificultades que van desde los problemas técnicos que supone hacer política monetaria en un país fuertemente dolarizado, hasta la indefensión o debilidad institucional del regulador.

En suma, dos vertientes de trabajo complejo en procura de atenuar los efectos más perniciosos de la inflación sobre los más desposeídos y lograr que las expectativas del público coincidan en que viviremos con una inflación en el entorno del 5% en el mediano y largo plazo. Seguridad alimentaria y garantías para que la inversión y el ahorro no sean afectados por desequilibrios imprevisibles utilizables por grupos que ostentan posiciones dominantes en los mercados.

Las políticas de estabilización son complejas y, en general, sus tiempos no se compadecen de las urgencias de las familias. Cuando los países se enfrentan a la inminencia de este tipo de erupciones inflacionarias, los gobiernos adoptan riesgos elevados. Es el caso uruguayo de hoy. El BCU está contrayendo el crédito en búsqueda de neutralizar excesos del consumo privado esencialmente, que están multiplicando el riesgo inflacionario. Esas medidas tienen su costo. El monetario es compartido por un recorte de las ganancias de los Bancos; el que procura disminuir el crédito es más complejo de visualizar en sus efectos sobre la economía y el empleo en las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente.

Pero también las políticas directas que tienden a bajar los precios del consumo sobre la base de acuerdos sectoriales y sacrificios fiscales tienen costos elevados. También los más visibles son los fiscales derivados de merma en la recaudación más sencilla de tributos. Empero, al igual que en el área de la política monetaria, esos acuerdos de precios entrañan costos de otro orden. El extremo más cercano de este modelo de acuerdos fue el practicado por Saúl Menem en el principio de su Revolución Productiva de 1989; un sucedáneo de similar inspiración es el forzado por la actual administración argentina con las grandes empresas de servicios privatizadas. Detrás de estos extremos reina la peor especulación, la emergencia de los mercados negros, la incertidumbre y, sobre todo, la sospecha social disparando la confrontación y la recreación del autoritarismo o la pretensión punitiva de los estados totalitarios.

Uruguay está lejos de eso. Los acuerdos son voluntarios y las insinuaciones de la creación de una «policía social» organizada para meterse en los comercios y las empresas por la puerta de atrás son arrebatos trasnochados. La izquierda ha defendido la libertad sin cortapisas. De todas las incertidumbres que amenazaban esta vía de desarrollo tan particular, la principal ha sido despejada desde la más amplia convicción social: la democracia funciona y en el marco de sus instituciones seguirán dirimiéndose los conflictos. Entre ellos, estos que expresados ahora por la vía de precios oscilando más de lo conveniente, dificultan los cambios y la modernización de las relaciones de producción.