Malos presagios

El panorama político emergente del último acto electoral demuestra movilidad y pragmatismo para asumir la nueva realidad.

El novel Presidente busca generar una imagen distinta del saliente.

Mayor flexibilidad, con una actitud más civilizada para relacionarse con la izquierda.

Por su parte el liderazgo del Encuentro Progresista, corresponde a ese gesto con la misma inteligencia.

Pero lo cortés no quita lo valiente y en particular en cuanto a la economía debemos tener una actitud objetiva y serena.

Estamos viviendo una etapa recesiva con un serio retroceso productivo industrial y agrario y un importante déficit fiscal.

No es casual que en dos meses los combustibles, componentes importantísimos de los costos productivos, hayan tenido un aumento del 20%, frente a una inflación anual de menos de dos dígitos.

Sería muy importante que el Poder Ejecutivo diera públicamente las cifras de ingresos fiscales que dichos aumentos permitirán obtener, ya que en los precios de los combustibles casi el 50% está compuesto por impuestos, que pasan a engrosar las arcas de la Tesorería de la Nación.

Consultados organismos universitarios de investigación económica contestaron que no tienen las cifras oficiales para efectuar el cálculo. Por un lado se habla del aumento del petróleo, pero no se dice nada del componente fiscal del precio de los combustibles.

Los portavoces del neoliberalismo, cada vez que se pide un ajuste de sueldos o una mejora de la Seguridad Social salen blandiendo el peligro inflacionario, pues bien ¿qué impacto inflacionario significan estos aumentos de los combustibles?

Por si esto fuera poco, el semanario Búsqueda, viene desplegando una campaña concentrada para condicionar la estrategia del nuevo gobierno en materia económica.

En un editorial reciente se expresa:

«Una muy fuerte contracción del gasto público, donde será inevitable bajar sueldos y jubilaciones, ya que estos ítems constituyen alrededor de las dos terceras partes del gasto total de la Tesorería, una mayor restricción de la política crediticia, una fuerte desindexación de la política salarial a nivel privado, una mayor apertura externa y una acelaración del ritmo de la devaluación al 1% o 1, 5% por mes».

Aquí está delineada una estrategia clara y compulsiva de hacer recaer en los sectores asalariados y pasivos el costo principal del ajuste de cuentas fiscales o de abatir costos, sin tomar medidas con el costo financiero o con las tarifas de las empresas públicas.

Léase bien:

«Será inevitable bajar sueldos y jubilaciones ya que estos ítems constituyen alrededor de dos terceras partes del gasto de Tesorería».

Vale la pena traer a la memoria lo dicho en la campaña electoral por autoridades del nuevo gobierno: «¿Hemos pensado que más del 50% del presupuesto general de gastos es el Banco de Previsión Social» y que «está absolutamente ligado el sueldo de los funcionarios públicos con la jubilación por su posición constitucional? Grave problema que algún día este país va a tener que atender y considerar».

¿Por qué traemos a colación estos antecedentes?

Porque el pensamiento económico y sus relaciones con el sector financiero privado, de nuevas autoridades del área económica, obligan a actuar con cautela.

Sin fatalismo, como si fuera inevitable, ya que la correlación de fuerzas políticas influye, pero sin ingenuidad que nos tome desprevenidos. La propuesta de rebaja salarial tanto a nivel público como privado, se une a una restricción crediticia que afectará a los sectores pequeños y medios y a un incremento de la pausa devaluatoria, que agravará la merma salarial.

Resultaría beneficioso que las nuevas autoridades echaran luz sobre estos temas que están generando honda preocupación en el ámbito laboral y de las clases pasivas.

Cuanto antes mejor.