Pinochet sigue preso

El martes, el Tribunal de Apelaciones británico resolvió, por unanimidad, que el ministro del Interior de su país había actuado ilegalmente cuando se negó a entregar a los países que lo requerían los informes médicos referidos al estado de salud de Augusto Pinochet.

Desde las derechas se ha pretendido que se trata de una mera decisión formal, para dar cumplimiento a las exigencias de procedimiento que establece la justicia británica.

En realidad, no es así y, una vez más, el episodio de la detención del tirano chileno se convierte en un tema interesante para la reflexión.

Para la reflexión sobre la impunidad, sobre la memoria y la lucha por la verdad histórica, siempre tan amenazada.

La decisión del Tribunal va más allá de una cuestión de procedimientos o de formalidades.

Dijo Simón Brown a nombre del Tribunal: «La decisión que el ministro del Interior tiene pensado adoptar es, no es necesario enfatizarlo, de una gran importancia. Su consecuencia será que el senador Pinochet, acusado de los más terribles crímenes, no será sometido a juicio en ninguna parte del mundo. No será extraditado a España. Ni a los otros tres países. (…) Aunque, por supuesto, las autoridades de Chile no están obligadas por la conclusión del ministro del Interior, es previsible que el senador Pinochet la utilice en su ayuda con un efecto convincente en cualquiera de los procedimientos que se planteen contra él allí.»

Para el Tribunal, la trasparencia en el caso es una cuestión esencial, que va más allá de los perjuicios que puedan devenir de la pérdida de confidencialidad.

«Se podrá eliminar así –agrega– la sensación de suspicacia que se ha creado en mucha gente.»

El nuevo giro del caso Pinochet, que aguó los festejos «momios», ha sido también la oportunidad para que el escritor chileno Ariel Dorfman realice una suerte de balance acerca de los elementos positivos y los negativos que ha aparejado la prisión del ex jefe de Estado chileno.

Dorfman sostiene que a pocas horas de la detención de Pinochet (en octubre de 1998) «comenzó a sucederse una caterva de advertencias que agoreros de todos los pelajes pronunciaba ante tan insólita detención».

Habría que recordar que tampoco faltaron aquí, en Uruguay, los que se sumaron –en nombre de muy variados y extravagantes argumentos– a esas advertencias.

«La primera voz de alarma, recuerda Dorfman, provino de aquellos que aseguraban estar preocupadísimos de que la captura del general ponía en peligro la transición chilena.» (…)

«Ha pasado todo lo contrario: el juicio a Pinochet, lejos de menoscabar el proceso de liberalización en Chile, lo ha acelerado, permitiendo que muchos oficiales que violaron los derechos humanos durante el pasado régimen estén ahora sujetos a la jurisdicción de los tribunales chilenos enfrentando posibles sentencias y penas de cárcel.»

Dorfman rebate también los argumentos que, referidos al plano de las relaciones internacionales, auguraban el caos por la acción desmesurada de los jueces ordenando aquí y allá la detención de ex dictadores acusados de crímenes contra la humanidad.

Más de un año después de la detención de Pinochet, reclamado por la justicia española, fruto de un trabajo largo y paciente de los organismos de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas, no hay tal caos ni mucho menos.

Por el contrario, la reapertura de los debates acerca de los crímenes de la dictadura militar chilena reabrió, en buena parte del mundo, el debate acerca de la impunidad.

Se creó una situación que permitió confirmar la existencia del Plan Cóndor y la complicidad de varios gobiernos dictatoriales de la región (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, etc.) en los crímenes de los años de plomo.

El debate contribuyó a la acción de varios magistrados argentinos, que consiguieron procesar con prisión a más de diez oficiales superiores de las fuerzas armadas, a la prensa democrática, a los organismos de derechos humanos y a los partidos que luchan, desde hace más de veinte años contra la impunidad.

Los coletazos del debate contribuyeron a la difusión que, aunque parcial, es significativa, de los archivos hasta ahora «clasificados» de la diplomacia norteamericana, la CIA y el FBI.