Una disposición aberrante e inconstitucional

En nuestra edición del pasado martes 15 informamos en exclusiva sobre un decreto insólito firmado por el presidente Sanguinetti en acuerdo con los ministros de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, por el que se reglamenta la comercialización de equipos para televisión satelital.

De ahora en adelante, los uruguayos ven cercenada su libertad de recibir las señales satelitales que les permiten acceder a más de 200 canales de televisión de todo el mundo, pues no podrán adquirir en el mercado las «antenitas plato»: estos implementos sólo podrán ser vendidos a las empresas que detentan el monopolio de la televisión (los canales abiertos y las empresas de TV cable), a las que deberán recurrir los particulares que deseen conectarse con las emisiones televisivas del resto del mundo.

Se pretende ni más ni menos que correr un toldo sobre el territorio nacional que impida la llegada de las señales de los satélites, y que, para descorrerlo, sea menester pagar a las empresas monopólicas.

No deja de ser una paradoja que en momentos en que se entroniza la globalización y todos nos maravillamos con los adelantos tecnológicos que nos permiten estar conectados con todo el planeta, un decreto cavernario y antidemocrático  invocando dudosas razones legales  venga a poner trabas a la comunicación y a la información a que todos tenemos derecho.

Se trata sin duda de una medida sorprendente, por más que ya a esta altura ninguna decisión referida a la concesión de ondas debería sorprender a nadie si tenemos en cuenta lo que ha sido la tónica en la política de comunicaciones llevada adelante por los últimos gobiernos.

El decreto en cuestión lesiona seriamente claras disposiciones legales y se inscribe en un marco de arbitrariedad y de desconocimiento de principios elementales que rigen el orden jurídico y el marco legal de convivencia garantizado por la Carta Magna.

Por otra parte, es notoriamente atentatorio de la tan preconizada libertad de mercado (el laissez faire, laissez passer) a la que apelan los ideólogos del neoliberalismo. Significa un serio obstáculo a la libre competencia y deja la vía expedita para la consolidación de monopolios, a la vez que viene a fomentar el contrabando y el mercado negro, pues este decreto no regula nada: este decreto estrangula.

Asimismo, esta resolución del Ejecutivo viola el artículo 29 de nuestra Constitución, que consagra expresamente la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Y más allá de ello, colide claramente con el contenido del Pacto de San José de Costa Rica por el cual el Estado uruguayo se compromete a asegurar a sus ciudadanos el derecho a obtener y recibir todo tipo de información.

Para comprar un decodificador de las señales satelitales se requieren ahora más trámites que para la compra de un revólver; daría la impresión de que, para el gobierno actual, la información proveniente de cualquier rincón del planeta es un arma de suma peligrosidad.

Y si en realidad no se trata de temor a la libertad de información, ¿cuál ha de ser la verdadera razón de este decreto liberticida y demencial? ¿Habrá que concluir que hay intereses espurios que se están protegiendo con esta resolución absurda?

Esperamos que el nuevo elenco gubernamental que se instalará el 1 de marzo revea esta nefasta decisión y diseñe una política de comunicaciones democrática y acorde con los tiempos que corren.