Bachelet y la tesis del desalojo

Una nueva mayoría espuria opera políticamente en el Congreso nacional chileno desde la acusación constitucional y destitución de la ministra de Educación, Yasna Provoste , víctima de un golpe blando de una Cámara de Diputados y un Senado en los cuales se ha formado una nueva relación de fuerzas política circunstancial, rara mezcla de ángeles caídos en desgracia y derecha violenta e irracional, afín al desalojo del progresismo como en los años 70, previos al golpe militar, que le han dado la espalda a Michelle Bachelet y su gobierno.

Esta novel alianza reaccionaria aparece liderada por el ex demócrata cristiano Senador Adolfo Zaldívar y electo por sus pares de la derecha como presidente del cuerpo, desvirtuando sin pudor alguno el mandato de sus propios electores, al declararse independiente de sus anteriores compromisos electorales. En estos días , desde ambas cámaras se ha propiciado la acusación y destitución -sin pruebas fehacientes ni fundamento jurídico alguno- a una ministra de Estado por la presunta falta de doscientos sesenta mil millones pesos, según sus acusadores, que sí llegaron efectivamente a los colegios más pobres de Chile y que sí se invirtieron debidamente en educación. Se la ha inhabilitado además, durante cinco años en el ejercicio de la función pública.

Yasna Provoste enfrentó sola durante 2006, la mayor crisis social y política desde los tiempos de Salvador Allende, de quien se cumplirán en junio 100 años de su natalicio.

La «revolución pingüina», liderada por estudiantes secundarios de liceos municipalizados por el gobierno militar ganó las calles y los resultados de este movimiento histórico determinaron una nueva Ley de Educación que Provoste y la presidenta Bachellet, rubricaron con su firma.

Ahora la derecha ,según han anunciado sus más conspicuos voceros, busca destituir a la Doctora María Soledad Barría, Ministra de Salud, a quien se pretende responsabilizar por presuntas fallas en la atención hospitalaria, con el propósito de desarticular el emblemático Plan AUGE de la Salud, que pusiera en práctica el presidente Ricardo Lagos para atender dignamente a quienes se asisten en el sistema de salud pública.

Hasta el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dicho por estas horas que «los parlamentarios que aprobaron la acusación constitucional «van a terminar por destruir la institucionalidad del país si siguen así», recordando la guerra civil de 1891, los «gobiernos inefectivos» de principios del siglo XX y la «crisis del gobierno de Allende».

Se pretende crear en la gente una sensación de caos y desorden absolutamente artificial que es la contra cara de la realidad, de un país pujante y dedicado a construir un futuro próspero. Así también actúa la prensa de esa irracional derecha, que al igual que la vernácula, con verdades a medias , descalifica groseramente a los constructores del progreso de Chile, pretendiendo desvirtuar los logros de cuatro gobiernos progresistas. Aquí y en estos pueblos, que tan caro han pagado por la reconstrucción de la vida democrática y los derechos humanos, de defender la bandera se trata, humanizando y dignificando la política que es un noble instrumento cuando está al servicio de los intereses del pueblo, para construir dignidad, ciudadanía y justicia social.

El mensaje de la derecha chilena es tan claro y brutal como en su momento lo fue el Plan «Cóndor». No se dejará gobernar al progresismo. Cualquier similitud con lo que vivimos actualmente en Uruguay o en la vecina orilla lo deben analizar y juzgar nuestros pueblos en las urnas.

Bachelet enfrenta una tesis de «desalojo», propiciada por la derecha, agorera y promotora de la desgracia, que respira y existe, aún hoy destituyendo y denigrando a la política y a los demócratas , por obra y gracia de una constitución legada paradojalmente por la tiranía.