Algo más sobre la reforma del Estado

No es esta la primera vez que nos ocupamos del tema; tampoco ha de ser la última. Ocurre que se trata de un asunto de enorme importancia y que, junto a otras reformas que se han planteado el gobierno actual, apuntan a un cambio si no revolucionario, indudablemente radical en la vida del país.

Nadie discute que la situación económica y social heredada por el gobierno exige prioridades para atender ciertas urgencias de los ciudadanos más sumergidos. No en vano las encuestas han revelado desde hace ya un tiempo que la gran aspiración mayoritaria de los uruguayos y su demanda más imperiosa es la creación de fuentes de trabajo. Para satisfacer este más que justo reclamo, las autoridades se han abocado, por un lado, a paliar las situaciones más críticas y, por otro, a promover lo que ha dado en llamarse el «país productivo», esto es, la apuesta fuerte a recomponer el aparato productivo, a hacer funcionar nuevamente determinadas actividades económicas vinculadas con los sectores primario y secundario que habían sido abandonadas por la irresponsabilidad novelera de las administraciones anteriores.

Pero junto a este drama social de la desocupación debido al desmantelamiento del aparato productivo, el país padece otras patologías que conspiran contra el desarrollo y que el grueso de la población exige, desde hace varias décadas, que sean corregidas. Una de ellas es el funcionamiento del Estado y sus características: desorden administrativo, pesadez de los trámites, burocracia irritante, falta de controles; al mismo tiempo, se cuestionan las brutales inequidades en las retribuciones que perciben los funcionarios según la repartición estatal en que se desempeñan, así como el supuesto exceso de los mismos.

Este último aspecto es de responsabilidad directa de los partidos tradicionales, que hicieron del empleo público un mecanismo idóneo para obtener resultados electorales o para retribuir favores. Al respecto, vale la pena recordar que uno de los últimos ministros de Salud Pública de la anterior administración debió reconocer que ese ministerio era un club político.

Abundan episodios en los que quedan al desnudo los vicios de una administración pública anquilosada, lenta, omisa y remisa. Abundan los casos en que el ciudadano ­que es el que contribuye, cuando paga sus impuestos, a solventar toda la pesada maquinaria y a abonar los estipendios­ se ve sometido a situaciones kafkianas en las que termina por percibir al funcionario como un enemigo que, lejos de prestarle un servicio, está allí para obstaculizar y entorpecer los trámites.

Paralelamente, a todo ello se suma una notoria falta de controles y la desprolijidad con que se gestionan las oficinas públicas. No se trata de señalar culpables ni de abominar de los funcionarios porque de alguna manera la responsabilidad es de un sistema anquilosado que promovió desde siempre la desidia y que fomentó la falta de compromiso de los funcionarios con su tarea.

Por eso pensamos que más que los estímulos que algunas reparticiones estatales han dispuesto para reducir el número de funcionarios, concretamente estímulos monetarios para aquellos que estén en condiciones de jubilarse, habría que pensar en otro tipo de estímulos dirigidos a otro fin. Estamos hablando de redignificar la función pública y de corregir las inequidades salariales; de promover el reciclaje del funcionariado, de impartir cursos de capacitación que permitan a los funcionarios su necesaria puesta al día, y por fin, establecer un sistema que delimite claramente las responsabilidades que a cada uno correspondan.

De este modo lograremos que la población deje de percibir al Estado como un obstáculo y casi como un enemigo, para sentir que verdaderamente ese «ogro filantrópico» está al servicio del ciudadano y no al revés.