Por una Ley de Reparación Integral

El concepto de «reparación integral» a las víctimas del terrorismo de Estado no admite dos lecturas, dos bibliotecas. Es uno de los pocos casos en que no hay posibilidad de darle dos interpretaciones.

Por un lado están las víctimas claramente definidas, identificadas, hasta con número de cédula de identidad, por otro lado, una normativa clara, de carácter internacional aprobada y votada por todos los países en el ámbito de las Naciones Unidas. No hay equívocos posibles, no existe margen para errarle en la interpretación. Sin embargo, nuestro país continúa con graves carencias. No sólo lo que hoy entendemos como Ley de Reparación (No.18.033) es un inicio muy promisorio de un proceso de reparación que se debe concluir, sino que lo que ya tenemos tiene importantes carencias en el amparo a las víctimas. Vayamos por partes. El Presidente de la República sostuvo públicamente a fines de 2006 que «nuestro país se debe una ley de reparación integral para las víctimas del terrorismo de Estado». Agreguemos que una lectura de lo ya aprobado por las Naciones Unidas corrobora este concepto del primer mandatario. En nuestro país contamos con una ley que otorga un apoyo económico, una pensión, como lo denomina el BPS, a algunos ex presos/as políticos/as pero excluye a otros y no ampara al universo de víctimas del terrorismo de Estado.

Es un paso muy importante que dio el gobierno del Frente Amplio pero no es más que eso, un paso. ¿Por qué? Porque el concepto de reparación integral, en primer lugar abarca a todo tipo de víctimas del terrorismo de Estado, algo que esta ley no contempla. En primer lugar, empecemos por los que sufrieron cárcel, la ley exige no pasarse en la actual remuneración de un tope de dinero (poco más de $20.000) como si de ello dependiera la condición de víctima y el derecho que asiste a quienes sufrieron torturas e innumerables vejaciones en las mazmorras de la dictadura. Por otro lado, la legislación vigente asiste económicamente a quienes estuvieron presos, al resto de las víctimas, poco y nada.

¡Qué lejos estamos de la concepción, de la filosofía de las Naciones Unidas! ¡Qué diferencia de la legislación que votaron los gobiernos del Cono Sur para con las víctimas del terrorismo de las dictaduras militares que asolaron la región! Somos la excepció, la lamentable excepción. Resulta que no sólo votamos una ley que deja afuera a un sinnúmero de orientales, sino que además, a los que ampara con una pensión les prohíbe acogerse al beneficio de la jubilación cuando les corresponda. Qué extraña ley, que cercena un derecho natural, universal, a la jubilación para poder recibir una pensión. Qué extraña ley que fundamenta su vigencia cercenando derechos universales y discriminando por motivos económicos un amparo a quienes lucharon por principios de justicia social y de libertad.

Curiosa forma de entender la reparación. Curiosa forma de chiflar y mirar para arriba de los legisladores que prometieron al año de aprobada la ley hacer una revisión de la misma a la luz de las carencias que se vieran. Ese plazo se cumplió en octubre del año pasado. No hubo revisión. Tampoco se estudió el proyecto de ley presentado por el doctor Oscar López Goldaracena que, con la base de las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU y cotejando las actuales leyes de Reparación de los países de la región (que vivieron lo mismo que nosotros), presentó a la Mesa Política del FA y a un grupo de legisladores de la coalición su trabajo.

Mutis. Nadie sabe nada, nadie resuelve nada, nadie se hace responsable. Parecería que con lo que hay ya se cumplió. Si ese es el concepto, estamos lejos, muy lejos de lo que todos soñamos alguna vez. Pero afortunadamente, todavía hay tiempo para rectificar. Si existe voluntad política, están abiertas todas las puertas institucionales para concretar una legislación que se compadezca con la legislación comparada, pero, sobre todo, que imponga en el país una filosofía de REPARACION INTEGRAL que contemple no solo un respaldo económico, sino también institucional, con garantías para que no vuelva a repetirse una situación similar, con una educación a las generaciones jóvenes que les inculque el rechazo a todo tipo de atropello a los derechos humanos.