Sin plazos ni condiciones

No caben dudas en el tema de las afiliaciones de los trabajadores al sistema de seguridad social. No se puede exigir obligatoriedad sin autorizar la libertad de decisión sobre la manera que cada persona que trabaje quiere destinar su dinero de ahorro para una futura pasividad.

Otorgar unos pocos días para quienes lo deseen puedan cambiar del régimen privado al público es limitar egoístamente la posibilidad que se tiene de salirse de un régimen peligroso que no garantiza para nada el destino de los dineros ahorrados.

Hace mucho tiempo que estamos luchando contra el mecanismo creado por la Ley 16.713 y no entendemos las dudas que tiene el gobierno sobre el tema.

Las gremiales, tanto de trabajadores como de jubilados, han emitido sus posiciones de rechazo a las AFAP, que permanentemente dan señales peligrosas en sus inversiones.

Además, no se pueden admitir algunas condiciones que permiten salir solo a algunas personas, dejando encerradas a otras. Acá lo que hay que hacer es abrir indefinidamente el período de decisión y eliminar la obligación de inscripción en una AFAP a los nuevos trabajadores.

Hemos comentado las resoluciones de los argentinos que abrieron la elección a toda persona que trabaja de inscribirse en el régimen que quiera, actitud que prueba las dificultades que se tienen en otros países, ya que también en Chile el régimen ha sufrido trastornos alarmantes.

El actual gobierno tiene que decidir sin ninguna duda sobre la manera en que los uruguayos pueden llegar a una seguridad social que les brinde total tranquilidad. Tanto el BPS como el Poder Legislativo han hecho saber sus opiniones, resta que el Poder Ejecutivo se pronuncie cuanto antes, tanto los ministros involucrados como la Presidencia de la República necesitan emitir su criterio sin tener ninguna vacilación.

Piensen que esta nefasta Ley 16.713 fue aprobada por representantes del Partido Colorado y el Partido Nacional sin ningún tipo de consulta al respecto, maniatando a quien ingresa a la clase trabajadora que es la que mueve el país y maneja la mayor cifra de los dineros del Uruguay. Todos estos motivos nos impulsan a mantener la esperanza de una resolución razonable.