Cuando los extremos se tocan

En nuestro editorial del pasado viernes 11, advertíamos sobre una estrategia desestabilizadora observada por algunos gremios públicos. Y hacíamos notar la nefasta coincidencia de esas acciones y posturas radicales e intransigentes con la embestida baguala de la derecha que, con otros medios, también ataca al gobierno popular.

Pues bien, además de las acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF a los pasivos, ahora están tomando cuerpo otras acciones, esta vez contra el nuevo aforo de la propiedad inmueble en Montevideo y contra el criterio de la autoridad municipal para fijar el valor de la Contribución Inmobiliaria.

Parecería que la oposición ha descubierto súbitamente el artículo octavo de la Constitución (que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos) y, al igual que en el caso del impuesto a la renta, se basa en una interpretación retorcida y caprichosa de dicha disposición para sus fines políticos.

Según dicha peregrina y peligrosa interpretación de un principio claro y que no admite los alcances que se le pretenden dar, el criterio para fijar los nuevos valores de la Contribución no tiene en cuenta la capacidad contributiva de cada propietario. Siguiendo un razonamiento tan absurdo podría cuestionarse toda la legislación vigente, de modo tal que la reforma de la Salud también podría llegar a ser declarada inconstitucional.

Ahora bien, mientras la derecha, entusiasmada por el descubrimiento del artículo octavo de la Constitución, emprende frenéticas campañas contra el gobierno, en el otro extremo del espectro político y social, pequeños grupos «clasistas y combativos», abrazados a una ultraizquierda recalcitrante, doblan la apuesta en su accionar contra el gobierno.

Tratando de emular a la tristemente célebre dirigencia intransigente del gremio de los municipales, ciertos dirigentes de los sindicatos de la enseñanza promueven un desborde inadmisible de sus tácticas de lucha.

Aclaremos que no está en discusión la justicia de los reclamos docentes pues a nadie escapa que sus salarios siguen siendo insuficientes a pesar del incremento sustancial que han recibido del gobierno actual. Pero nadie sensatamente puede pretender llegar a la justicia salarial completa en tres años de gobierno.

Si se accediera al reclamo de llevar el salario mínimo docente a media canasta básica familiar, esto es a aproximadamente 15 mil pesos mensuales, ello no sólo significaría una erogación que las arcas estatales no están en condiciones de afrontar, sino que, además, configuraría una violación del artículo 8 de la Constitución, esta vez indiscutible. Y por si eso fuera poco, se desataría un proceso inflacionario incontrolable que nadie desea.

Estos sindicalistas desmadrados e irresponsables parecen no advertir –o tal vez lo saben y actúan deliberadamente así– que su estrategia los lleva a convertirse en aliados de la derecha pura y dura a la cual le hacen el juego alegremente. Esa «enfermedad infantil» que ha ganado a ciertos sectores radicales confirma, en definitiva, que los extremos se tocan.

La estrategia de intransigencia que llevan adelante viene a dar la razón a las clases conservadoras, quienes vienen clamando desde hace muchos años por la reglamentación sindical, por acotar el derecho de huelga y por reprimir a sangre y fuego la actividad gremial.

Han olvidado que lo peor nunca es lo mejor; que el endurecimiento de la derecha no abona el camino hacia la revolución social, sino que desarticula y desmantela (y encarcela y mata a los militantes) la organización y la fortaleza que los trabajadores han logrado mediante luchas muchas veces heroicas.