Democracia y dignidad republicana
Una suerte de coincidencias han aflorado en el Cono Sur en esta transición climática desde el verano hacia el otoño, enrarecida por circunstancias políticas que ponen en evidencia la intangibilidad de los privilegios que las clases dominantes pretenden continuar detentando a pesar de la realidad progresista, que los propios pueblos de estas latitudes han legitimado con su voto.
La inadmisible presión de la derecha vernácula para quienes han determinado fallos puntuales, como Poder independiente del Estado que promueven la inconstitucionalidad del impuesto a la renta sobre las personas físicas, los «piquetes» sobre las principales carreteras de la República Argentina, promovidos durante semanas por sus sectores más reaccionarios y la muy reciente acusación constitucional que determina la caída de la ministra de Educación de la Presidenta Bachelet en Chile, señora Yasna Provoste, no constituyen hechos aislados, ni casualidades, producto del azar. Muy por el contrario, existe en estos acontecimientos una coincidencia estratégica de quienes no renuncian a permanecer sustentando para su provecho personal la estructura del estado, a pesar del avance de fuerzas que bajo distinto signo ideológico luchan por consolidar un modelo democrático con justicia social, alternativo a la pobreza y al hambre que las derechas del Cono Sur bajo la impronta del neoliberalismo económico han sembrado en nuestro continente, durante décadas.
No nos parece sano para la vida democrática de estos pueblos la actitud de las derechas que en el Uruguay pretende politizar un poder independiente del Estado, enfrentando a un gobierno legítimo con los jueces de la Suprema Corte. No puede existir un doble discurso en cuanto al irrestricto cumplimiento de los fallos judiciales. La política debe tener otros cauces de expresión que en un Estado de Derecho se manifiestan fuera de los estrados judiciales.
En la vecina orilla, la actitud desafiante al poder legítimamente constituido de parte de grupos de presión poderosos e históricamente ligados a los dictadores de turno, obligarán a la señora Cristina Fernández a ejercer a futuro el principio de autoridad y la aplicación de todo el peso de la ley para acabar con quienes pretenden desestabilizar e imponer por la fuerza su voluntad, cuando el fiel de la balanza se inclina levemente a favor de los menos pudientes.
Finalmente, en Chile, este golpe blando de acusación constitucional por parte de mayorías circunstanciales en la Cámara de Diputados, sin ningún fundamento político, ni pruebas que evidencien hechos de corrupción y que determinan la suspensión temporal en sus funciones de la emblemática ministra de Educación de Michelle Bachelet posee varios componentes, ligados entre otros aspectos a la condición femenina y humilde de esta servidora pública, a su fiel desempeño en el cargo y a la recalcitrante impronta de una visión retrógrada que continúa emparentada con una manera de hacer política profundamente miserable, amparada en una constitución que contempla artilugios ligados al pasado dictatorial y odioso que vivió Chile bajo la sombra de Pinochet.
En los tres casos citados, el signo del dinero manda e intenta socavar la salud de las democracias, reconquistadas con sangre y desaparecidos. Se expresa de manera triste y elocuente en la actitud de prominentes operadores políticos que defienden sus propias jubilaciones de privilegio, a costa de quienes en su gran mayoría, gracias a la justicia tributaria votada por un Parlamento electo por sufragio ciudadano, podrán vivir una vejez más digna.
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